Tras ser notificados por la justicia de los allanamientos realizados en relación a la causa que investiga una supuesta “asociación ilícita entre 10 presos y 7 penitenciarios para cometer delitos”, el Comité Contra la Tortura emitió un primer pronunciamiento “ante versiones publicadas en contrario”.

Informaron que al tomar conocimiento de hechos ocurridos el día 9 de mayo en la Unidad de Detención N°1 de Río Grande se “activó de inmediato el protocolo correspondiente”.

“En ese marco, personal del Comité mantuvo una entrevista con uno de los internos que habría resultado agredido, a fin de recabar su testimonio y verificar su estado”, dijeron en relación a los tres internos brutalmente agredidos en el pabellón B donde se planteó una “zona liberada”.

“Posteriormente, se solicitaron los informes pertinentes al Servicio Penitenciario Provincial para esclarecer lo sucedido y garantizar a las víctimas de este hecho el resguardo de su integridad psicofísica”, comunicaron.

“El Comité se encuentra a la espera de las respuestas oficiales para evaluar la situación y determinar las medidas institucionales que correspondan, en cumplimiento de su mandato de prevención y monitoreo de lugares de encierro”.

“También cabe aclarar que este Comité vela por la situación de las personas privadas de la libertad y por el respeto de los derechos que se les confiere, de acuerdo a las leyes vigentes”, dijo, incluso aclararon que “desde su creación, las y los integrantes del Comité realizan el máximo esfuerzo en esta tarea, en un organismo que funciona con miembros que se desempeñan ad honorem”, expresaron en el comunicado.

A lo largo de este mes de supuestas actuaciones desde el día del hecho, el Comité nunca informó acción alguna sino hasta este comunicado en respuesta a la nota realizada por este medio.