Harrington sostuvo que las críticas de algunos concejales no responden a fundamentos sólidos, sino a un intento de instalar titulares en los medios. “Pareciera que el objetivo es demonizar la figura del Intendente y del Ejecutivo municipal. No veo propuestas con rumbo, sino planteos aislados y poco criteriosos”, expresó. Como ejemplo, mencionó los pedidos de informes que se exigen responder en 24 o 48 horas, cuando la propia ordenanza vigente establece un plazo de diez días.
Otro de los puntos de conflicto tiene que ver con los recursos que maneja el Concejo. Según explicó Harrington, en el presupuesto 2024 se habían destinado 1.800 millones de pesos —equivalentes al 13,88% de los recursos municipales—, pero esas partidas ya están agotadas en septiembre. “Con los movimientos que hicieron, el Concejo va a terminar absorbiendo entre un 17 y un 22% de los recursos coparticipables, muy por encima de lo que sucede en otras ciudades de la provincia”, advirtió. El intendente reveló que convocó a los concejales a una reunión para discutir un esquema de reasignación de partidas, pero el encuentro nunca se concretó.
Frente a la falta de acuerdo, el Ejecutivo decidió presentar una acción de inconstitucionalidad contra la aplicación de la ordenanza 633 y avanzar de manera unilateral con reducciones de partidas para garantizar el pago de salarios en el Concejo. “Nuestra prioridad es que los trabajadores cobren, pero la responsabilidad también exige ordenar las cuentas y no desfinanciar el resto del municipio”, remarcó.
Harrington lamentó que las contradicciones legislativas se repitan en otros temas, como la creación de cargos políticos o la sanción de ordenanzas que obligan a realizar obras sin considerar el marco de la Ley de Contabilidad. “Muchas veces ellos mismos desconocen sus propias normas. Desde el Ejecutivo analizamos cada caso con la Secretaría Legal y Técnica, proponemos vetos cuando corresponde y explicamos los fundamentos. Sin embargo, eso lo presentan como una decisión caprichosa de nuestra parte”, explicó.
Finalmente, el intendente fue contundente sobre el futuro de la relación institucional: “No hay voluntad de diálogo real. Nuestra premisa siempre fue convocar y debatir, pero si el único canal que ofrecen son las cartas documento, es muy difícil avanzar. Nosotros vamos a seguir gestionando para Tolhuin, pero el Concejo debería entender que su responsabilidad es legislar a favor de la comunidad y no hacer política electoral con las herramientas legislativas”.
