“Ante la arbitraria decisión del Gobierno nacional de intervenir el puerto de Ushuaia, rechazamos la intromisión de Nación en competencias provinciales”, escribió Vuoto en su cuenta de X, donde también expresó su “preocupación” por la situación de los trabajadores y pidió una pronta solución para llevar tranquilidad a vecinos y turistas.

El problema es que la intervención que hoy denuncia tiene un origen claro: la propia ley que ella votó, que habilitó el desvío de recursos portuarios hacia otros fines, violando el principio básico de que los ingresos del puerto deben reinvertirse en el propio puerto. Esa norma fue uno de los principales argumentos utilizados por Nación para justificar la intervención.

En otras palabras, Vuoto primero levantó la mano para sacar la plata del puerto y ahora se escandaliza por las consecuencias. Una indignación tardía que, cuanto menos, llama la atención. ¿Desconocimiento? ¿Olvido conveniente? ¿O simple maquillaje político para las redes?

Mientras los trabajadores quedan atrapados en el conflicto y el puerto se convierte en un campo de batalla institucional, algunos dirigentes parecen apostar a la amnesia colectiva. Pero las votaciones quedan registradas y las responsabilidades políticas también.

El interrogante es inevitable: ¿se puede repudiar una intervención cuando se fue parte activa del camino que la hizo posible? La realidad, una vez más, incomoda más que cualquier posteo.

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