NO AL LAWFARE
Junto a 500 intendentes e intendentas de todo el país manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social por parte de la extrema derecha de nuestro país, como ya ha ocurrido y viene ocurriendo en otros países de América Latina. Es el mismo modus operandi que se utilizó en Brasil, en Bolivia y en Ecuador para socavar la legitimidad de los gobiernos populares.
La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente.
Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos.
El ataque a Cristina Fernandez de Kirchner es una forma de disciplinamiento judicial de la política al servicio de sectores minoritarios, oscuros y golpistas que atentan contra los intereses nacionales y populares de nuestra gente.
