El ex Jefe de la Armada (1993-1996), quien sí combatió en 1982, facilitó el reconocimiento a miles de oficiales, suboficiales y marineros de la Flota de Mar que no tuvieron combate directo. La medida, adoptada durante el primer gobierno de Carlos Saúl Menem, duplicó el número de veteranos y generó una polémica histórica sobre la legitimidad del título que aún perdura 43 años después de la guerra. Y que las Fuerzas Armadas, únicas y máximas responsables en el tema; se niegan a resolver.

Con la noticia del fallecimiento del almirante (re) Enrique Molina Pico a los 87 años, su figura vuelve al centro de una de las controversias más sensibles de la posguerra de Malvinas: la ampliación del padrón de Veteranos de Guerra (VGM) en la década de 1990.

Molina Pico, un militar condecorado que participó activamente en el conflicto de 1982 como comandante del destructor misilístico ARA Hércules, asumió la Jefatura del Estado Mayor General de la Armada en 1993, durante los primeros años de gobierno de Carlos Saúl Menem. Fue en ese período cuando la Armada impulsó una reinterpretación de los criterios de reconocimiento que establece la Ley, y que generó una «inflación» sin precedentes en la nómina de veteranos.

La Controversia sobre la participación de la Flota en la Guerra

El marco legal inicial (Ley 23.109 y Decreto 509/88) reservaba el estatus de Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM), a quienes habían estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o que hubieran entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). Sin embargo, en la gestión de Molina Pico, la Armada amplió el criterio de reconocimiento, al personal (oficiales, suboficiales y soldados) que estuvo embarcado en la Flota de Mar y en los buques logísticos que debieron operar en la zona del TOAS, pero que no participaron en ninguna acción concreta, ni estuvieron bajo fuego o combate directo, luego del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, Toda vez que por miedo a ser topedeados por los submarinos británicos, se alejaron a zonas seguras y a miles de kilómetros de donde se combatía.

La consecuencia fue inmediata: la cantidad de Veteranos de Malvinas reconocidos por el Estado, que en 1983 rondaba los 12.500, se duplicó durante el menemismo, superando largamente los 20.000 a fines de la década.

La medida fue interpretada por gran parte de los combatientes directos, hoy excombatientes (principalmente del Ejército y la Fuerza Aérea y unidades que efectivamente estuvieron bajo fuego del enemigo británico); como un intento de diluir el significado del alto rango que honra por igual a los vivos y a los muertos, que efectivamente empuñaron las Armas de la Pátria. También como una forma de clientelismo al otorgar titulos y pensiones vitalicias y otros beneficios sociales a miembros de la Armada que de ninguna manera tuvieron actuación primaria, ni secundaria en el conflicto. Prueba de ello es, que hasta personal de cuadros, que en 1982 estuvo destacado en Puerto Belgrano o en el Apostadero Naval Mar del Plata; también fueron alcanzado por esta arbitraria y rebuscada medida de Molina Pico.

Combatientes vs. Reconocidos

Desde la Armada, el argumento se centró en el reconocimiento a la exposición al riesgo de todo el personal en la zona de conflicto. Sostuvieron que los buques de la Flota de Mar cumplieron funciones estratégicas y logísticas vitales, y estuvieron en riesgo potencial constante. Sin embargo, la distinción entre haber estado en el área y haber combatido, sigue siendo el punto de fricción, que cada día que transcurre, divide aún más a las distintas agrupaciones de VGM.

El debate se mantuvo durante varios años. A principios de la década del 2000, se implementaron mecanismos (como la reforma de la Comisión Nacional de Ex Combatientes por Decreto 694/01), para intentar auditar y centralizar el padrón, aunque la mayoría de los reconocimientos de la época de Molina Pico y Menem se mantuvieron vigentes.

La carrera de Molina Pico, que incluyó su rol clave en la Guerra del Golfo (Operación Tormenta del Desierto) y su paso por la Embajada Argentina en Washington, queda irremediablemente ligada a esta decisión que redefinió y generó más descontento que una respuesta clarificadora y responsable de las Fuerzas Armadas, sobre quienes se merecen el galardón de «Veterano de Guerra de Malvinas» en Argentina. Así, a más de cuatro décadas de su desaparición, las irresponsabilidades de la última dictadura militar, siguen produciendo más que dolores de cabeza a la sociedad argentina.