La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incrementó un 52% los embargos sobre empresas durante los primeros ocho meses de 2026, informaron medios nacionales.

La información según da cuenta TN es que entre enero y agosto se aplicaron 135.744 medidas de embargo por un total de $285.391 millones, frente a las 89.565 registradas durante el mismo período de 2025. La cifra también supera ampliamente los 66.994 procedimientos contabilizados en los primeros ocho meses de 2024.

Mientras en enero se registraron 1.051 embargos, a agosto la cifra se catapultó a los 29.561. En paralelo, la cantidad de empresas alcanzadas también aumentó, desde 389 contribuyentes en enero hasta 8.605 en agosto. De los más de 135.000 embargos registrados, 113.116 correspondieron a microempresas, lo que representa más del 80% del total.

Se estima que alrededor de 42.100 empresas fueron afectadas durante el período analizado, lo que indica que algunas pudieron haber recibido más de una medida. La inmovilización de fondos representa un problema adicional para las firmas que ya enfrentan dificultades de liquidez, debido a que puede comprometer el pago de salarios, proveedores y otras obligaciones corrientes.

Estos embargos se originan en juicios de ejecución fiscal iniciados por ARCA cuando existen deudas exigibles. En esos procedimientos, el organismo puede solicitar autorización judicial para afectar cuentas bancarias, créditos pendientes de cobro o disponer la inhibición general de bienes.

Los datos oficiales muestran que 30.941 contribuyentes que habían sido alcanzados por embargos regularizaron su situación entre enero y agosto, mediante la cancelación de las deudas o su incorporación a planes de facilidades de pago.

Frente a esta coyuntura, La Unión Industrial Argentina (UIA) y otras cámaras del sector solicitaron suspender durante 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales contra las pequeñas y medianas empresas, con el argumento de que la presión sobre sus cuentas puede agravar los problemas financieros y comprometer la continuidad de sus operaciones.

Lo anterior obedece a la necesidad de tener un margen para que las empresas puedan reorganizar sus compromisos tributarios sin que la afectación inmediata de sus recursos limite todavía más su capacidad de producción, el cumplimiento de sus obligaciones y el sostenimiento del empleo.