Provincial encargado de evaluar el perjuicio económico, social y ambiental en las Islas del
Atlántico Sur.
La legisladora provincial Victoria Vuoto celebró la decisión de la Justicia Federal de Río
Grande que ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum
Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar las obras vinculadas
con el proyecto petrolero León Marino, situado al norte de las Islas Malvinas.
La medida cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, comprende las
perforaciones, las instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial de
hidrocarburos. Las empresas deberán detener los actos materiales relacionados con el
emprendimiento hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ante la autoridad nacional competente, salvo una nueva disposición judicial.
“Celebramos esta decisión de la jueza Borruto porque constituye un antecedente
fundamental para frenar el saqueo de nuestros recursos y proteger el ambiente del Atlántico
Sur frente a una explotación ilegal promovida por el gobierno colonial británico”, expresó
Vuoto.
El fallo responde a una presentación realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas
Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales
Ambientalistas (AAdeAA).
“Esta resolución demuestra que existen instrumentos jurídicos para actuar frente a las
empresas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a la República Argentina
y, particularmente, a la provincia de Tierra del Fuego”, sostuvo la legisladora.
En este marco, Vuoto informó que trabaja en un proyecto de ley para crear el Consejo
Provincial para la Evaluación del Perjuicio sobre los Recursos Naturales en las Islas del
Atlántico Sur, destinado a estudiar, relevar y cuantificar las consecuencias económicas,
sociales y ambientales generadas por la exploración y explotación ilegal en las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes.
También incorpora la creación de un juzgado federal con competencia en Malvinas para que
todas las causas tramiten en ese fuero.
La iniciativa también contempla la evaluación de los daños transfronterizos y los pasivos
ecológicos producidos en la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental
Argentina. El organismo estaría integrado por representantes del Gobierno provincial, la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el CADIC, la Legislatura, organizaciones
vinculadas con la causa Malvinas y la defensa ambiental, y especialistas en la materia.
Entre sus funciones, el Consejo deberá sistematizar información pública, científica y
satelital; relevar la explotación de hidrocarburos, minerales, recursos pesqueros y
ganaderos; y diseñar metodologías que permitan establecer la magnitud del perjuicio
ocasionado. Además, deberá presentar un primer informe dentro del año de su
conformación y actualizarlo cada cinco años.
Los informes serán elevados al Poder Ejecutivo provincial y a la Cancillería argentina para
impulsar reclamos legales, administrativos y diplomáticos de resarcimiento contra las
empresas, los armadores y el Reino Unido.
“Para reclamar lo que nos pertenece necesitamos conocer y demostrar cuánto nos están
quitando. Cuantificar el saqueo y el daño ambiental es una condición indispensable para
exigir responsabilidades y avanzar en acciones concretas”, afirmó Vuoto.
Finalmente, la legisladora remarcó que “defender Malvinas también significa proteger
nuestros recursos naturales, nuestro ambiente y los derechos de las generaciones futuras.
Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes son argentinos”