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Una ruta de cocaína líquida hacia Tierra del Fuego quedó a un paso del juicio

La causa comenzó en Ushuaia en 2024, cuando un control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó cocaína líquida oculta en botellas. La investigación permitió reconstruir una presunta organización que trasladaba droga desde el conurbano bonaerense hacia Tierra del Fuego y Chubut. La Fiscalía Federal de Morón pidió ahora que seis personas sean llevadas a juicio.

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Una investigación iniciada en Tierra del Fuego por el hallazgo de cocaína líquida dentro de botellas se encamina a juicio oral. La fiscal federal de Morón, Mariela Labozzetta, solicitó la elevación de la causa contra seis personas acusadas de integrar una estructura dedicada al traslado de estupefacientes hacia la provincia y Chubut.

La maniobra fue descubierta en febrero de 2024, durante un control realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de Ushuaia. El equipaje de una pasajera llamó la atención de los agentes y, tras pasar por el escáner, se detectó que transportaba una botella con cocaína en estado líquido.

A partir de ese procedimiento comenzó una investigación que permitió identificar una presunta red logística con base de operaciones en Ramos Mejía, partido bonaerense de La Matanza.

Las botellas donde se ocultaba la cocaína.

Cocaína de Bolivia y un laboratorio en Buenos Aires

Según la acusación fiscal, la cocaína era adquirida en Bolivia y trasladada hasta una vivienda de Ramos Mejía, donde funcionaba un laboratorio clandestino. Allí era sometida a un proceso químico para convertirla en líquido y ocultarla dentro de botellas de vino o envases de productos cosméticos.

Posteriormente, las botellas eran entregadas a personas reclutadas para transportarlas hacia Tierra del Fuego y Chubut. La investigación sostiene que la organización también habría utilizado esa estructura para realizar envíos de metanfetaminas.

Para la Fiscalía, la banda habría operado al menos desde abril de 2022 hasta septiembre de 2024. Sus integrantes se habrían repartido las tareas de acopio, almacenamiento, preparación, fraccionamiento, transporte y comercialización de las sustancias.

Las transportistas, consideradas víctimas

Uno de los aspectos centrales de la causa es la situación de las personas utilizadas para trasladar la droga. De acuerdo con el requerimiento, la organización habría captado al menos a cuatro personas en condiciones de vulnerabilidad económica y social.

La Fiscalía considera que estas personas no solamente fueron utilizadas como “correos humanos”, sino que podrían haber sido víctimas de trata. Entre las circunstancias detectadas aparecen dificultades económicas y habitacionales, precariedad laboral, situaciones de violencia de género, relaciones de dependencia y responsabilidades familiares asumidas en soledad.

Por este motivo, parte de los acusados también fue imputada por trata de personas agravada por el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas, la intervención de tres o más personas y la consumación de la explotación.

Un presunto jefe permanece prófugo

El supuesto responsable de la organización es un ciudadano colombiano que continúa prófugo y sobre quien pesa una orden de captura. Dos de los seis acusados habrían tenido una vinculación directa con él, mientras que los demás habrían cumplido diferentes funciones dentro de la estructura.

La investigación también detectó presuntas maniobras vinculadas con el uso de documentación y cuentas ajenas, líneas telefónicas registradas a nombre de terceros, comercialización de vehículos robados y lavado de activos.

Además, la Fiscalía pidió continuar investigando posibles contactos de la organización con integrantes de fuerzas de seguridad y funcionarios provinciales que habrían proporcionado información. Esta línea permanece bajo investigación y no forma parte de los hechos que ya se busca llevar a juicio.

 

Una investigación que comenzó en Ushuaia

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo del Juzgado Federal de Ushuaia, la Unidad Fiscal de esa jurisdicción —representada por Lía Hermida y Fernando Rota— y la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, encabezada por Verónica Escribano.

En julio de 2025, tras la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, el expediente fue remitido a la Justicia Federal de Morón. Allí se ampliaron las imputaciones y se realizaron nuevas medidas que derivaron en los procesamientos.

La fiscal Labozzetta solicitó ahora que seis de los acusados sean juzgados. Al mismo tiempo, la investigación continuará respecto del presunto jefe prófugo y de las posibles colaboraciones externas que habría tenido la organización.

Fuente: Diario UNO

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