El desembarco de Uber en Ushuaia, anunciado reciéntemente por la oficina de relaciones públicas de la empresa, generó la indignación generalizada de los taxistas y remiseros de las localidades fueguinas, quienes rápidamente acudieron a los órganos deliberativos – concejos deliberantes y Legislatura – para expresar su total desacuerdo con la posibilidad de compartir la calle con los prestadores de la plataforma digital. Además, el anuncio de Uber fue tomado como una puerta que se abre en la provincia a otros servicios similares que operan en otros lugares del país, como por ejemplo Didi y Cabify.
Al respecto el secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, se reunió ayer con representantes del servicio público de taxis y del servicio privado de remises, encuentro durante el cual los trabajadores del volante plantearon la necesidad de controlar la proliferación de servicios de transporte de pasajeros no habilitados, mediante diversas plataformas.
Los funcionarios riograndenses les aseguraron que se intensificarán los controles en la vía pública para evitar la irrupción en la plaza local de este tipo de transporte de pasajeros no habilitados por el Municipio.
En Ushuaia, en tanto, el subsecretario de Seguridad Urbana Municipal, Ariel Pérez, señaló que «en el marco de los controles realizados por el personal de Tránsito en diferentes áreas de la ciudad, se encontraron varios vehículos que no cumplían con la normativa vigente que regula el servicio de taxis y remises. En consecuencia se emitieron actas de infracción por falta de habilitación para el transporte de pasajeros y además se identificaron faltas graves como falta de licencia de conducir, de RTO y de seguro».
Pérez aseguró además que “se continuará haciendo cumplir la ordenanza y la normativa vigente en relación a este tipo de actividad, tomando las medidas necesarias para desalentar estas prácticas irregulares”.
El tema será abordado hoy miércoles 28 de junio en la Cámara legislativa provincial, en donde se analizará la letra de un proyecto tendiente a prohibir en toda Tierra del Fuego la prestación de servicios de transporte de pasajeros mediante plataformas y/o mecanismos que no sean regulados por los municipios.
Asimismo, el proyecto plantea inclusive la posibilidad de una normativa que habilite a la Policía y a la Justicia a intervenir en casos de transportes ilegales bajo la figura de “contravención”.
Los referentes de taxis, de remises y de los municipios manifestaron su acompañamiento al tratamiento y avance de este proyecto.
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