La investigación por una presunta organización dedicada a adquirir armas de fuego en el mercado legal para luego desviarlas al circuito ilegal avanzó hacia una nueva instancia judicial, luego de que la Fiscalía Federal de Campana y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) solicitaran la elevación a juicio de 11 personas acusadas de integrar la estructura. Ahora piden 11 años de prisión efectiva para los imputados.

La extensa investigación se inició en septiembre de 2024 a partir de una denuncia de la UFECO, basada en una pesquisa preliminar de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Según la hipótesis fiscal, la organización habría operado al menos desde enero de 2022 y utilizaba usuarios interpuestos o titulares registrales aparentes para adquirir y registrar armamento que posteriormente no permanecía bajo su control.

Los investigadores detectaron 742 armas registradas a nombre de personas vinculadas a la organización cuyo destino no pudo ser establecido, ya que no fueron encontradas en poder de sus titulares ni en los domicilios declarados como lugares de guarda.

Los fiscales Sebastián Bringas y Santiago Marquevich sostienen que existía una estructura con distribución de funciones que incluía la captación de personas para figurar como titulares de las armas, la adquisición y transferencia del armamento, la gestión de documentación y la intervención de armerías y gestores.

El 22 de abril, el juez federal de Campana Adrián González Charvay había ordenado los 140 procedimientos que se concretaron cinco días después. Como consecuencia de los operativos fueron detenidas varias personas investigadas y otra se presentó espontáneamente ante las autoridades.

Entre los distritos alcanzados por la friolera de 140 allanamientos realizados el 27 de abril pasado, junto con domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán también se procedió en Tierra del Fuego.

El juez procesó con prisión preventiva a 12 imputados por los delitos de «asociación ilícita» y «provisión y circulación ilegal de armas de fuego». Uno de los acusados es, además, oficial de la Policía de la Ciudad y fue imputado por «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Según actualizó el sitio fiscales.gob.ar, Los fiscales consideran que la evidencia reunida permite llevar a juicio a 11 de los investigados. Según plantearon, se pudo acreditar la existencia de “una mancomunidad de voluntades orientadas a la comisión de diversos delitos”, basada en la adquisición aparentemente lícita de armas para su posterior desvío hacia el mercado informal.

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el pasado 11 de agosto los procesamientos, aunque revocó el correspondiente a uno de los imputados y dispuso su falta de mérito.

A la espera entonces del juicio oral la causa, permanece bajo investigación el destino final de centenares de armas que, de acuerdo con la acusación, fueron registradas formalmente a nombre de personas que no las tenían efectivamente bajo su custodia.