El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) repudió de forma contundente una solicitada publicada por las Cámaras Empresariales de Tierra del Fuego, en la que se responsabiliza a la docencia por la crisis social que atraviesa la provincia.

En su comunicado oficial, el gremio calificó la declaración empresarial como un «intento deliberado de deslegitimar un reclamo legítimo», en un contexto nacional marcado por políticas económicas regresivas y discursos que buscan criminalizar la protesta social.

Desde SUTEF sostienen que acusar a los trabajadores de la educación de actuar con “intereses sectoriales y egoístas” no solo es falso, sino que alimenta un clima de hostilidad, violencia institucional y estigmatización hacia un colectivo que lucha por salarios dignos y por el fortalecimiento de la educación pública.

“La crisis no es producto de nuestras medidas de fuerza. Es consecuencia de años de decisiones políticas que priorizaron las ganancias empresariales sobre el bienestar de las mayorías”, afirmaron.

Además, denunciaron que el uso del argumento del “interés general” para censurar la protesta representa un grave retroceso democrático. “El acampe educativo no es un capricho. Es una herramienta frente a la indiferencia del poder político”, señalaron.

El sindicato exigió a las Cámaras Empresariales que cesen la difusión de “discursos de odio” y reclamó respeto por el derecho constitucional a la protesta. Reiteraron su compromiso con el diálogo, la negociación colectiva y la defensa de los derechos humanos como camino para alcanzar la justicia social.

Solicitada de Cámaras Empresariales: un ataque a toda la docencia fueguina

Desde el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) repudiamos enérgicamente la solicitada publicada por las Cámaras Empresariales de la provincia, que intenta responsabilizar a la docencia de la profunda crisis social que atraviesa Tierra del Fuego AeIAS consecuencia de un modelo económico nacional al que ellos no responsabilizan.

Esa declaración constituye un intento deliberado de deslegitimar un reclamo legítimo y guarda un claro correlato con los discursos de odio difundidos por las máximas autoridades del país. Calificar nuestras protestas como “intereses sectoriales y egoístas” persigue la criminalización de la protesta social y la estigmatización de quienes luchamos en defensa de nuestro salario y la educación pública.

Resulta inaceptable atribuir la crisis a la docencia cuando la realidad muestra que años de decisiones que priorizaron la rentabilidad empresarial sobre el bienestar de las mayorías son los verdaderos responsables. El acampe educativo no es un capricho ni una decisión unilateral, es una herramienta que nos queda frente a la indiferencia de la dirigencia política de la provincia.

Denunciamos que estas declaraciones no solo desvirtúan nuestras reivindicaciones, sino que también fomentan un clima de hostilidad y violencia institucional contra el sector docente. El discurso que culpa a las trabajadoras y trabajadores de la educación de la inestabilidad social, alimenta la polarización y legitima la represión, configurándose como un acto de odio dirigido a un colectivo que ejerce su derecho constitucional.

Rechazamos rotundamente cualquier intento de criminalizar la protesta y de usar la retórica del “interés general” para justificar la censura y el uso de la fuerza contra la docencia. La verdadera estabilidad laboral y social solo se logra mediante salarios dignos, empleo estable y el fortalecimiento de la educación pública, no mediante amenazas, intimidaciones ni campañas de difamación.

Exigimos que las Cámaras Empresariales cesen inmediatamente la difusión de estos discursos de odio y respeten el derecho de la ciudadanía a expresar sus demandas sin ser tachada de “egoísta” o “dañina”. Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo, la negociación colectiva y el respeto irrestricto a los derechos humanos como único camino para construir consensos sociales, defender con firmeza los valores de la democracia, la justicia social y la solidaridad.

SUTEF