En un gesto que la oposición y los gremios no tardaron en calificar de «doble vara» y «falta de códigos», el Gobierno provincial se despachó con un decreto que garantiza un nuevo y jugoso incremento en los ingresos de la totalidad de su planta política.
La letra fría de la norma, firmada el 28 de agosto y publicada el 5 de septiembre de 2025, es contundente. El Decreto Provincial N° 2125 deja expresamente sin efecto los Decretos Provinciales N° 3117/23 y N° 1020/25, siendo este último el que precisamente había suspendido el traslado de aumentos a las remuneraciones de los funcionarios superiores, incluido el Gobernador Prof. Gustavo Adrián Melella.
El quid de la cuestión se encuentra en el Artículo 3°, que establece que los incrementos otorgados al Escalafón Profesional Universitario (EPU) por diversas resoluciones del Tribunal de Cuentas (N° 31/2025, N° 52/2025 y N° 108/2025) ahora «tendrán impacto en los haberes de Funcionarios y Personal de Gabinete». De esta forma, la totalidad del estamento político, que ya cobra un porcentaje elevado del sueldo del Gobernador, verá engrosados sus ingresos a partir de la liquidación del mes de Septiembre de 2025.
El Ejecutivo se justificó en los considerandos del decreto en la necesidad de no «menoscabar las remuneraciones» de estos funcionarios. No obstante, el decreto mismo reconoce que se debe «reorientar el gasto público» para reforzar áreas vulnerables, una situación que contrasta fuertemente con la realidad del empleado común.
Para empleados, solo crédito para desendeudamiento
Mientras se habilita la suba para los sueldos más altos, la respuesta para los miles de trabajadores de la Administración Central, Salud, Educación y Seguridad que reclaman mejoras es un paliativo para el endeudamiento.
Para ello, mediante un convenio con el Banco Tierra del Fuego (BTF), el Ejecutivo lanzó una línea crediticia destinada específicamente a cancelar o refinanciar deudas preexistentes que posean más de 30 días de mora al 31 de agosto. El crédito se ofrece con una tasa preferencial del 39,5% y un plazo de hasta 48 meses para su cancelación.
En definitiva, «hay plata para que los funcionarios cobren más, pero para el resto de los estatales solo hay un crédito para pagar lo que ya deben».
La medida se presenta como una herramienta de desendeudamiento que, si bien puede aliviar el bolsillo en el corto plazo, no implica un solo peso de aumento salarial por parte del Gobierno. La decisión cayó como un baldazo de agua fría en el ámbito gremial, que denuncia el ajuste en las áreas sensibles y la falta de presupuesto para insumos hospitalarios o mejorar el poder adquisitivo de docentes y médicos. La medida expone el marcado divorcio entre la cúpula política y la realidad económica de los trabajadores fueguinos.
