En la presentación, el vocal explica que al tomar conocimiento sobre el estado financiero de la Obra Social, se advierte un fuerte contenido deficitario que impacta directamente en la calidad y posibilidades de las prestaciones médicas asistenciales a las que está obligada.
De acuerdo a la denuncia, desde el año 2016 hasta la actualidad se han acumulado una serie de obligaciones monetarias a cargo del Estado Provincial en concepto de contribuciones a la Obra Social sobre las RUPE. Se pasó de una deuda de quince millones a una de más de dos mil millones de pesos.
El vocal subraya que al tratarse de una deuda de un organismo público a cargo de un funcionario público y cuyos montos se encuentran incluidos anualmente en cada proyecto de presupuesto provincial, se está ante la presencia de un incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 248 del Código Penal.
La responsabilidad de no ejecutar el presupuesto, de no solventar la deuda y por la magnitud de la deuda acumulada está a cargo del funcionario a cargo de la cartera competente de la gestión y administración de las RUPE, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia cuyo titular era Juan Marcelo Maciel.
Asimismo se asigna la responsabilidad penal a la actual presidenta de la Obra Social Mariana Hruby, debido a un complejo entramado legislativo que, de origen rompió con la autarquía de la Obra Social y la pasmosa inactividad de parte su parte en orden a las acciones tendientes al cobro y recupero de esos recursos, funciones establecidas en el artículo 7 de la ley nro. 1071.
Existe una clara connivencia entre las personas denunciadas, habida cuenta que ambos responden al criterio financiero y organizativo del Poder Ejecutivo Provincial. Como todo incumplimiento de los deberes de funcionario público, dicho incumplimiento encuentra un correlato en el funcionamiento deficiente de la administración pública. Ese funcionamiento deficiente, naturalmente encuentra otro correlato en la realidad, demostrando cuál es la gestión estatal que falla en la realidad.
“Sr. Fiscal, en este caso la conducta en la que incurrirían los agentes denunciados (omisión deliberada del pago de contribuciones RUPE y la omisión deliberada de no desplegar acciones políticas y jurídicas eficaces para lograr el recupero de fondos TRASCENDENTALES para el funcionamiento de la Obra Social), encuentra su correlato en una deficitaria prestación de un servicio a cargo del Estado, de trascendencia vital para toda la sociedad: LA SALUD”, sostiene la presentación.
Se solicita en la denuncia, respaldada con el estado de la deuda RUPE, que el Fiscal Mayor cite a declarar a los responsables de las auditorías contables y financieras de la Obra Social para ratificar el estado y evolución de la deuda en cuestión; que se dispongan los medios probatorios necesarios para llegar a la verdad real de los hechos; y que se proceda a efectuar el requerimiento de instrucción correspondiente a Maciel y Hruby por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Mariana Hruby
