La medida fue aprobada por unanimidad y permitirá acceder a informes, actuaciones, comunicaciones y documentos relacionados con la investigación sobre las autorizaciones otorgadas y las responsabilidades administrativas y políticas.
El radar comenzó a ser cuestionado en 2023 por excombatientes de Malvinas, especialistas y sectores políticos, quienes plantearon dudas sobre su ubicación estratégica y sus posibles implicancias en una zona sensible por la soberanía del Atlántico Sur.
Ese mismo año, el Ministerio de Defensa de la Nación dejó sin efecto la autorización para su funcionamiento tras un informe del Estado Mayor Conjunto que advirtió sobre riesgos vinculados a los intereses estratégicos argentinos.
En 2026, la Justicia de Ushuaia declaró la nulidad de la inscripción provincial de LeoLabs Argentina SRL, mientras que la Legislatura creó una comisión para reconstruir el proceso que permitió la instalación del radar y determinar eventuales responsabilidades.
Con la publicación de la documentación, la investigación suma un nuevo capítulo y permitirá que la ciudadanía pueda seguir el avance del expediente.
Fuente: El Diario del Fin del Mundo.
