El Atlántico Sur vuelve a ser escenario de un capítulo más en la penosa saga de depredación colonial. La empresa británica Rockhopper Exploration, en sociedad con la israelí Navitas Petroleum, acaba de asegurar un financiamiento de 140 millones de dólares para impulsar la primera fase del proyecto Sea Lion, un megayacimiento petrolero ubicado en aguas de la plataforma continental argentina, a escasos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Se trata de un movimiento clave: con estos fondos, las compañías iniciarán la perforación de 23 pozos, consolidando así un proyecto que, en su etapa inicial, aspira a extraer 55.000 barriles diarios y que, en el largo plazo, podría superar los 150.000.

El crimen perfecto: impunidad británica, complicidad argentina

Lo grave no es solo la existencia del proyecto -ilegítimo e ilegal según el derecho internacional-, sino la total inacción de Argentina para frenarlo.

Desde 2010, cuando Rockhopper comenzó sus exploraciones, el Estado argentino no ha hecho más que presentar protestas formales, y una denuncia penal federal, sin mayores consecuencias reales. 

Hoy, cuando el emprendimiento entra en su fase decisiva, el silencio oficial es ensordecedor: ni la Cancillería, ni la Presidencia, ni el gobierno de Tierra del Fuego han emitido un solo comunicado rechazando este último avance.

Pero hay algo aún más escandaloso: existe una causa judicial abierta en el Juzgado Federal de Río Grande contra estas petroleras por explotación ilegal de recursos naturales, que la justicia sostiene frente al total olvido de la clase política.

Mientras tanto, las petroleras operan con total impunidad, burlándose de la soberanía argentina. 

Un negocio billonario, una soberanía abandonada

Las cifras del Sea Lion/león Marino son descomunales: estudios encargados garantizaron reservas de 917 millones de barriles de petroleo y estimaciones de hasta 1.700 millones de crudo de alta calidad; con un valor que supera los 100.000 millones de dólares.

Rockhopper ya ha ido cambiando múltiples socios (como Premier Oil, posteriormente a Harbour Energy y ahora Navitas), demostrando que el capital internacional no teme invertir en aguas judicializadas. ¿Por qué? Porque el Reino Unido garantiza impunidad, y Argentina, en lugar de defender sus recursos, se limita a discursos vacíos y acciones errantes y esporádicas.

El contraste entre ambas estrategias no podría ser más elocuente: Mientras el Reino Unido avanza con licencias unilaterales, financiamiento acelerado y una infraestructura offshore que incluye buques FPSO (unidades flotantes de producción), la Argentina, en cambio, ni siquiera logra reimpulsar una denuncia penal efectiva y una campaña diplomática de presión como se lo recomendaron en 2021 y 2202, los países miembros del G-77 + China.

Impunidad sin fecha de vencimiento

El proyecto Sea Lion/León Marino ya tiene fecha clave: a fines de 2025, Rockhopper y Navitas tomarán la «decisión final de inversión» (FID), que marcará el inicio de la extracción masiva. Para entonces, si Argentina no actúa con urgencia, el saqueo será irreversible.

La pregunta es inevitable: ¿por qué el gobierno argentino no exige sanciones internacionales contra estas empresas? ¿Por qué no se impulsa la causa judicial en Río Grande? ¿Por qué Tierra del Fuego, provincia directamente afectada, no reclama con fuerza?

Cada día que pasa sin una respuesta firme, el Reino Unido consolida su dominio colonial. Cada dólar invertido, cada barril extraído, será un nuevo acto de usurpación. Y Argentina, en lugar de defender lo suyo, parece resignada a mirar cómo se llevan sus recursos. Una vergüenza histórica.