El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy unos 25 allanamientos que se realizan en CABA y en la provincia de Buenos Aires en la causa originada en los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.
Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi y se realizan en domicilios particulares y droguerías, según trascendió de fuentes consultadas que no dieron precisiones ya que se reimplantó el secreto de sumario en la causa.
Las medidas fueron requeridas en el marco de un tramo de la investigación por presunto direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo.
Operativos en CABA y Provincia de Buenos Aires se realizan en domicilios y droguerías, ordenados por una nueva línea de investigación en la causa.
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Allanamientos por nueva línea de investigación
Parte de los operativos se realizan en la ciudad de Buenos Aires y en Provincia, dispuestos por una nueva línea de investigación en la causa por presunta corrupción.
La búsqueda apunta a secuestrar documentación, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, tras detectarse que del análisis de los teléfonos de los primeros involucrados surgieron datos que involucran a otras personas.
Los operativos se llevan a cabo en droguerías y domicilios particulares por la policía de la Ciudad y la Bonaerense. No se requirieron detenciones, según afirmaron las fuentes consultadas.
Posibles irregularidades en compras de medicamentos
El fiscal Franco Picardi habría detectado graves irregularidades y presunto direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS, con el objetivo de determinar si hubo sobreprecios y el valor real de los productos adquiridos.
La investigación se originó a partir de los audios del exjefe del área, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan supuestos pedidos de coimas a laboratorios proveedores del organismo, que podrían involucrar a la secretaria general de la Presidencia y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.
Relación con interpelaciones y auditoría del Gobierno
Los operativos se producen después de la aprobación en Diputados de interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, previstas para el próximo miércoles. El Gobierno ya recibió los documentos incautados y acelera la auditoría interna en la ANDIS, enfocándose en compras sin trazabilidad y posibles sobreprecios.
Se sospecha que algunas operaciones no contaron con contratos formales, especialmente con la droguería Suizo Argentina, y que el Ejecutivo busca reformar el esquema de contrataciones del organismo, para que dependan directamente del Ministerio de Salud y no del esquema autárquico actual.
La ANDIS cuenta con 921 empleados y un presupuesto de $3,74 billones, de los cuales $3,1 billones se destinan a gastos de seguridad social, $556.054 millones a salud y $5300 millones a promoción y asistencia. El Gobierno espera que el sumario dure hasta seis meses, con resultados de auditoría posteriores a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
