La jueza federal Mariel Borruto ordenó el 6 de noviembre de 2026 que las compañías extranjeras alcanzadas se abstengan de pescar sin habilitación argentina en el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, incluidas las aguas de Malvinas hasta las 200 millas. La medida corresponde al expediente FCR 16446/2026, difundido a través de la Fundación Agustina Lerena, impulsora de la demanda.

Según informó el medio especializado Pescare, la restricción comprende las capturas, su procesamiento a bordo, los transbordos y las descargas. Abarca también nuevas mareas, temporadas e incorporación de embarcaciones, tanto en operaciones directas de las sociedades demandadas como mediante buques propios, fletados o bajo su gestión.

Para las compañías nacionales, el juzgado desestimó por ahora las cautelares solicitadas y requirió información sobre sus habilitaciones, cuotas, declaraciones juradas y actuaciones administrativas. Su situación continúa bajo examen en el proceso ordinario. Las medidas dirigidas a bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores quedaron diferidas.

El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca 24.922 exige declaraciones juradas para acceder a cuotas o autorizaciones de captura. Entre sus requisitos figura carecer de determinadas relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores de buques que pesquen en aguas bajo jurisdicción argentina sin el permiso correspondiente.

Cuando se comprueba una infracción a esas prohibiciones, el artículo 28 dispone la caducidad automática del permiso y de las cuotas o autorizaciones pertinentes. La Ley 26.386 incorporó el artículo 27 bis y esa consecuencia al régimen pesquero. Según la fundación, la verificación de las conductas y las decisiones sobre las habilitaciones corresponden a la autoridad de aplicación y al Consejo Federal Pesquero.

Las empresas extranjeras alcanzadas disponen de diez días judiciales desde su respectiva notificación para presentar declaraciones juradas con respaldo documental. Deben identificar buques, matrículas, pabellones y números internacionales; detallar licencias y capturas por embarcación, especie y temporada; e informar seguimiento satelital, observadores, puertos, transbordos y destinos comerciales. El requerimiento incluye participaciones societarias, contratos, operaciones previstas, estudios científicos y coberturas ambientales.

La orden exige conservar los registros de pesca y la documentación técnica, comercial y societaria, cualquiera sea su soporte. También prohíbe alterar, destruir u ocultar información de manera que impida incorporarla al expediente. La falta de respuesta y las negativas sin respaldo documental podrán valorarse en contra de las demandadas.

Las medidas alcanzan a las empresas españolas: Armadora Nores/Pesquerías Nores Marín, Armadora Pereira, Chymar/Grupo Touza, Copemar, Lafonia Sea Foods/Frigoríficos del Morrazo, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar/Pesquerías Marinenses, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro/Pesca Baqueiro, Rampesca/Grupo Lanzal y WOFCO.

En las estructuras hispano-isleñas, el comunicado refiere vínculos con Argos Group, Beauchene Fishing, Fortuna, Red Back Consultants, Seaview y Southern Cross. Entre los vehículos societarios menciona a Orion Fishing, Jupiter Fishing, South Atlantic Squid, Petrel Fishing, Beagle Fishing, Kalamar, Castelo Fishing, Polar Seafish y Golden Touza.

El fundamento ambiental y el reclamo económico

Según la entidad demandante, la jueza examinó informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) sobre poblaciones migratorias y recursos compartidos, entre ellos los calamares illex y loligo, la merluza común y la merluza de cola. El fundamento reseñado vincula esas capturas con el riesgo de debilitar las medidas argentinas de conservación. La cautelar se apoya en los principios de prevención y precaución, el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675.

La demanda presentada el 9 de octubre, promovida por la fundación que preside César Augusto Lerena, con el patrocinio de Eduardo Salvador Barcesat, reclama recomposición ambiental y reparación económica por 4.101.131 toneladas atribuidas a las demandadas entre 1989 y 2025. La parte actora calculó aproximadamente USD 12 millones a valores FOB y USD 26.465 millones a precios mayoristas. Ambas estimaciones quedan sujetas a la prueba y a la determinación judicial del daño.

La orden es provisional y se mantendrá hasta que las empresas obtengan autorización argentina o el tribunal disponga otra cosa. Su ejecución frente a las sociedades extranjeras depende de las notificaciones y de los mecanismos jurídicos aplicables.