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Harrington confirmó que LeoLabs todavia no pagó multa de menos de $1.5 millones y continúa sin servicios reconectados

El intendente Daniel Harrington confirmó que la empresa extranjera todavia no abonó la multa mínima por la instalación irregular del radar en Estancia El Relincho. A pesar de la gravedad del caso, el monto aplicado fue el máximo permitido por ordenanza. “Quisiera tener valores más altos”, admitió el jefe comunal. A la vez que va a hacer el pedido del desarme del Radar en nuestra localidad.

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El escándalo por la instalación del radar de la empresa LeoLabs en Tolhuin sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que el intendente Daniel Harrington confirmara que la compañía ya abonó la multa impuesta por el Municipio. Lo llamativo del caso es que la cifra pagada fue de tan solo en menos de $1.500.000, un monto considerado irrisorio frente a la magnitud del conflicto y al poder económico de la firma. Multa que no hizo efectiva todavia

La estructura, instalada en Estancia El Relincho sin habilitación municipal y en una zona estratégica de la isla, generó una fuerte polémica en 2023. El Municipio denunció la presencia ilegal del radar y avanzó con medidas legales, clausura del predio, sanciones administrativas y un juicio de ejecución fiscal.

“Sí fue una de las primeras cuestiones que hemos hecho”, confirmó Harrington sobre la multa en un medio radial “Creo que la multa fue un millón y medio de pesos. Me parece que una empresa como esa puede tener esa clase de multa”, dijo, aunque reconoció una gran limitación en el régimen sancionatorio vigente: “En realidad es lo que tiene la ordenanza tarifaria para cobrar. Quisiera tener quizás valores más altos o actualizados, pero es lo que tengo para cobrar y lo que está reglamentado”.

La confirmación expone una contradicción evidente: una empresa tecnológica internacional que opera con infraestructura de alto valor estratégico fue sancionada con una multa similar a la de una infracción comercial menor. La cifra ni siquiera representa una penalidad simbólica en el marco de un conflicto que afectó la soberanía, movilizó a la comunidad y activó mecanismos judiciales.

Consultado sobre el estado actual del predio, Harrington indicó que no se han reconectado los servicios básicos, como la energía eléctrica o el internet. “Tengo entendido que no están reglamentados. Se mandaron a retirar los servicios que se habían permitido alguna vez. Pero tampoco lo puedo afirmar con certeza porque, por ejemplo, la Dirección Provincial de Energía no depende directamente de mí”, señaló.

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