El conflicto político en Tolhuin entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante escaló a la Justicia. El secretario Legal y Técnico, Alexis Solís, confirmó en diálogo con FM La Isla que se inició un proceso judicial para que el Superior Tribunal de Justicia determine la constitucionalidad de una norma vinculada a la asignación de recursos.

“El presupuesto vigente asignado al Concejo es de más de 1.820 millones de pesos, pero cinco concejales ya se gastaron todo en agosto. Hoy piden 205 millones más, que proyectados superan los 650 millones”, señaló el funcionario.

Solís cuestionó la falta de claridad en el manejo de los fondos: “No sabemos en qué se gastan, porque en la ordenanza de presupuesto no informan cuántos empleados permanentes tienen, cuántos contratos ni qué tipo de erogaciones realizan. Exigen plata sin respaldo”.

Desde el Ejecutivo remarcan que esos recursos podrían destinarse a obras de impacto directo para la comunidad, como el asfaltado de más de 600 metros de calles o la compra de motores para la generación de energía. “Es un disparate”, sostuvo Solís.

En el plano institucional, acusó al Concejo de actuar sin responsabilidad: “Mienten cuando dicen que aprobamos el presupuesto sin discusión. Vetamos parcialmente la ordenanza y ellos insistieron. Es su modus operandi: ordenan sin fundamento, insisten y luego exigen informes para que cumplamos con lo que ellos mismos imponen”.

Finalmente, el secretario advirtió sobre una motivación política detrás del conflicto: “Hoy tenemos concejales que responden al mandato del Presidente del PJ y no a las necesidades de la localidad. Lo que hay detrás es un interés partidario”.

El Superior Tribunal de Justicia deberá resolver ahora la acción de inconstitucionalidad presentada por el Municipio, mientras persiste la tensión institucional en Tolhuin y se advierte que la disputa compromete la prestación de servicios y la organización de actividades comunitarias.