La medida se tomó luego de detectar irregularidades legales, técnicas y financieras que, en los proyectos aprobados, el Concejo Deliberante de Tolhuin había modificado casi por completo el presupuesto enviado por el Ejecutivo.
 
En el proyecto oficial de Presupuesto 2026 el Concejo: Alteró de manera masiva las partidas, sin justificación técnica. Recortó fondos esenciales del Municipio (combustible, recolección de residuos, repuestos, servicios básicos, alquileres, equipamiento y seguridad, entre otros). Incrementó de forma extraordinaria su propio presupuesto, pasando de $2.788 millones proyectados a $4.390 millones, absorbiendo más del 26% de los recursos coparticipables.
 
Según el Ejecutivo, estos cambios contradicen leyes provinciales y municipales que prohíben aumentar gastos sin recursos, crear cargos ajenos al Concejo o modificar la estructura interna del Ejecutivo.
 
En el proyecto aprobado, el Concejo Deliberante de Tolhuin amplía la estructura política y administrativa del Concejo (14 autoridades superiores, 21 cargos políticos y 66 agentes permanentes), y reduce cargos del Ejecutivo sin justificación y sin que se hayan creado nuevos puestos.

Esto, según indica el decreto, invade competencias exclusivas del Ejecutivo sobre la organización del personal y vulnera el principio de división de poderes.
 
Además, los recortes aplicados por el Concejo afectan partidas indispensables para: Recolección de residuos, mantenimiento de vehículos y maquinaria, combustibles, servicios esenciales (energía, agua), y funcionamiento operativo general.
 
Frente a estas modificaciones, la Secretaría de Economía y Hacienda advirtió que, el Municipio no podría sostener su funcionamiento normal en 2026, comprometiendo la sostenibilidad financiera al incumplirse el régimen de responsabilidad fiscal ya que el Concejo cuadruplicó su presupuesto sin estudios técnicos y sin demostrar compatibilidad con las normas fiscales vigentes, como la legislación nacional y provincial.
 
El presupuesto aprobado por el Concejo contiene errores graves de clasificación que contradicen el Clasificador Presupuestario vigente y duplica partidas, mezcla rubros y genera un documento inaplicable, afectando la transparencia y el control del gasto.
 
El proyecto que aprobó el concejo le permite al cuerpo de concejales: reestructurar libremente sus partidas y modificar créditos sin intervención del Ejecutivo. Sin embargo, al Municipio lo condicionó para hacer movimientos de partidas que impliquen atender emergencias, y brindas servicios esenciales.

Para el Municipio, esto rompe con el sistema republicano de control mutuo y vulnera la transparencia financiera.
 
El decreto de veto también deja constancia de que los hechos podrían, prima facie, configurar irregularidades vinculadas al abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), al dictar normas contrarias al ordenamiento legal vigente y autoasignarse recursos en perjuicio del interés general.
Aclara que esto queda sujeto a la evaluación de los organismos competentes.
 
La decisión de veto total se basó en:

• La violación de normas constitucionales y legales sobre elaboración presupuestaria
• El desfinanciamiento del Municipio y el riesgo concreto de afectar servicios esenciales para los vecinos.
•     La expansión injustificada del presupuesto y estructura del Concejo.
•   La falta de técnica y coherencia presupuestaria.
• La alteración del equilibrio de poderes y el desvío de recursos hacia un único órgano del Estado.
   
  Ambas ordenanzas fueron devueltas al Concejo Deliberante junto con los decretos de veto.
  El cuerpo legislativo deberá resolver si insiste o no con las normas, conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades.