El reclamo se produce ante la Nota 112/2026, fechada el 15 de octubre, mediante la cual la Subsecretaría convoca a una reunión para abordar cuestiones vinculadas con la representación, las autoridades y el funcionamiento institucional de la Comunidad, junto con los acuerdos comunitarios del PIC y los proyectos en ejecución. La convocatoria prevé la participación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del área de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente.

Desde la Comunidad cuestionan que se promueva una instancia para tratar su gobernanza interna mientras, según denuncian, permanecen sin respuesta los planteos presentados formalmente ante el organismo provincial. Advierten que el acompañamiento estatal no debe transformarse en una intervención sobre sus mecanismos de representación ni sobre sus formas propias de resolver diferencias.

“Tenemos una historia, una palabra y formas propias de tomar decisiones. Nuestros derechos no son una concesión del Gobierno ni pueden quedar sujetos a la voluntad de una funcionaria. Exigimos que se respeten nuestra identidad, nuestras autoridades y nuestra vida comunitaria”, expresaron.

La Comunidad sostiene que las actuaciones denunciadas deben examinarse a la luz del artículo 75, incisos 17 y 22, de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Reivindica su preexistencia étnica y cultural, sus derechos consuetudinarios y la libre determinación como fundamentos de una relación con el Estado basada en el respeto, y no en la tutela de su organización.

En ese marco, solicita que se investigue si las conductas denunciadas pudieran configurar incumplimiento de los deberes de funcionario público o coacción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder. La Comunidad reclama que estos hechos sean esclarecidos por las autoridades competentes.

“La subsecretaria no habla en nuestro nombre. Nuestras diferencias deben resolverse mediante nuestros propios procesos comunitarios, sin injerencias ni imposiciones externas. El cargo que ocupa no la autoriza a sustituir nuestra voz ni nuestras decisiones”, sostuvieron.

La nota oficial establece que la participación en la reunión es voluntaria y que la inasistencia no afectará los derechos de quienes integran la Comunidad. También contempla la grabación con consentimiento expreso, la elaboración de un acta y pautas de confidencialidad, con excepción de los acuerdos que queden asentados. Para la Comunidad, esas previsiones no resuelven el cuestionamiento central: el respeto de sus instituciones, sus mecanismos de representación y su capacidad de decidir sobre los asuntos comunitarios.

Asimismo, rechaza que una convocatoria administrativa sea presentada como sustituta de los procesos de consulta que reclama. Señala que el diálogo debe construirse con sus autoridades y conforme a sus formas de organización, sin desconocer los planteos previamente realizados ni imponer mecanismos ajenos a la vida comunitaria.

Ante esta situación, la Comunidad Rafaela Ishton solicita al gobernador Gustavo Melella:

-La intervención urgente para revisar la actuación de la Subsecretaría de Pueblos Originarios y Diversidades Culturales.

-Una respuesta formal y fundada a las notas y peticiones presentadas.

-El cese de las actuaciones que denuncia como injerencias en su organización interna.

-El esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que pudieran corresponder.

-Una instancia de diálogo directo con el Gobernador, con participación de sus autoridades y respeto por sus mecanismos de representación.

-Garantías efectivas para el ejercicio de su autonomía, autogobierno y derecho a la consulta libre, previa e informada.

“La intervención que solicitamos debe garantizar nuestros derechos, no sustituir nuestras decisiones ni tutelar nuestra organización. No aceptamos que se hable de derechos indígenas mientras se desconoce nuestra voz. Nuestra autonomía se respeta y nuestro autogobierno no se tutela”, concluyeron.