Para el año 2025 las empresas beneficiadas por el subrégimen industrial representan un aporte clave: se estima que sus tributos sumarán unos $80.000 millones, es decir, un 20,5% del total de los recursos provinciales. Alrededor de $57.000 millones provenientes de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos y otros $23.000 millones de Ingresos Brutos.
Cuando se critica la “presión tributaria” de los impuestos provinciales la AREF aclaró que la Tasa de Verificación tiene una alícuota del 1,8%, y con una reducción por inversiones queda en el 1,62%, la cual se aplica sobre el valor de producción, representando menos del 1% sobre el precio de venta del producto.
Respecto a Ingresos Brutos, la alícuota es del 1,5% para la industria, como las empresas tienen ventas en la mayoría de las provincias del país se aplica el Convenio Multilateral, la recaudación se distribuye entre todas ellas correspondiéndole a TDF entre el 25% y el 30% del impuesto que pagan. Por lo cual, lo que abonan en nuestra provincia no es más del 0,5% de sus ingresos, representando un porcentaje mucho menor sobre el valor de venta de los productos.
Concluyó que si la provincia dejara de cobrar los 2 tributos esto representaría solo una reducción del 1% sobre los precios de venta. Remarcó que, tanto los actores locales como los nacionales han manifestado que el precio de fabricación de los productos son competitivos y el problema se da en la cadena de comercialización, y que hacer hincapié en la “presión tributaria” de la provincia solo responde a un posicionamiento político.
Más allá de estos impactos directos, alertan por las consecuencias indirectas que implicaría un desmantelamiento gradual o repentino del régimen de promoción industrial.
