La Defensoría Pública Federal comenzó a intervenir en la situación generada por los cortes del servicio de gas natural que afectan a más de 150 familias de Tolhuin. En declaraciones tras las gestiones iniciadas junto al Municipio, el defensor público coadyuvante Agustín Ciolfi confirmó que el organismo evalúa impulsar una acción judicial colectiva y una eventual medida cautelar para restablecer el suministro, al considerar que se encuentran comprometidos derechos fundamentales de los usuarios.

La actuación de la Defensoría Pública Federal comenzó luego de una reunión con el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, y funcionarios municipales, quienes plantearon la gravedad de la situación que atraviesan numerosas familias desde fines de mayo.

El defensor público coadyuvante, Agustín Ciolfi, explicó que la problemática alcanza a alrededor de 150 usuarios y afecta especialmente a personas en situación de vulnerabilidad: «Nos convocaron desde el Municipio de Tolhuin porque están atravesando una situación bastante compleja. Desde fines de mayo hasta ahora hay aproximadamente 150 familias a las que se les cortó el suministro de gas natural. En muchos casos se trata de sectores vulnerables, con adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes oncológicos, menores y familias de bajos recursos».

Ciolfi remarcó que el gas natural constituye un servicio público esencial, particularmente en una provincia con las condiciones climáticas de Tierra del Fuego, y recordó el criterio fijado por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016; «Cuando hablamos de servicios públicos existe un principio de asequibilidad, fijado por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016, que establece que las tarifas deben guardar relación con la capacidad de pago de los usuarios. No se puede desvincular la realidad económica y social de las familias del acceso a un servicio esencial».

Durante las recorridas realizadas junto al área de Desarrollo Social del Municipio, la Defensoría constató casos donde la interrupción del suministro compromete directamente la salud y la calidad de vida de los vecinos: «Encontramos familias donde había menores con problemas respiratorios por falta de calefacción, personas que atraviesan tratamientos oncológicos y adultos mayores sin gas. También detectamos una importante falta de información a los usuarios, una atención presencial muy limitada y notificaciones que muchas veces llegan únicamente por correo electrónico, cuando hay personas que ni siquiera utilizan ese medio».

Ante este escenario, la Defensoría remitió oficios judiciales a Camuzzi Gas del Sur y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para conocer las razones de los cortes, los mecanismos de notificación, los planes de financiación vigentes y las medidas adoptadas frente a los usuarios afectados.

En paralelo, el organismo comenzó a evaluar distintas alternativas legales para lograr una solución inmediata: «Estamos recabando información para evaluar las distintas estrategias, tanto judiciales como extrajudiciales. Queremos reunirnos con Camuzzi, con el ENARGAS y con las autoridades correspondientes para buscar una solución urgente, pero también estamos analizando la viabilidad de una acción de amparo con una medida cautelar que permita restablecer el servicio mientras se resuelve la cuestión de fondo.»

Ciolfi aclaró que antes de avanzar judicialmente resulta necesario reunir toda la documentación que permita acreditar la situación de cada familia afectada y cumplir con los requisitos exigidos por la Justicia: «No podemos promover una acción únicamente con información periodística o con manifestaciones de terceros. Necesitamos contar con datos precisos, requerir información a la empresa y acreditar cada situación. Una vez cumplida esa etapa, analizaremos junto al doctor José Bongiovanni la presentación de una acción colectiva».

Asimismo, el funcionario sostuvo que la investigación también alcanzará el desempeño del ENARGAS, al considerar que el organismo de control debe explicar cuál fue su intervención frente a los cortes registrados: «También queremos que el organismo de control explique cuál fue su actuación. Si corresponde avanzar judicialmente, esa acción podría comprender no solo a la empresa prestataria sino también al ente encargado de controlar que este tipo de situaciones no se produzcan».

Con la información que aporten Camuzzi y el ENARGAS, la Defensoría definirá en los próximos días si presenta una acción de amparo colectivo para solicitar el restablecimiento del servicio y determinar eventuales responsabilidades por los cortes que afectan a decenas de familias de Tolhuin.