El manejo de los fondos de coparticipación provincial suma un nuevo capítulo político en Tierra del Fuego. El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo presentó una nota formal al gobernador Gustavo Melella para exigir información precisa sobre las transferencias de recursos a los municipios de Río Grande y Ushuaia, en medio de los crecientes reclamos por las demoras en los pagos.
La presentación, dirigida también al ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, busca esclarecer si existen diferencias en el cumplimiento de las obligaciones financieras con ambas ciudades y, en caso de confirmarse, conocer los criterios que las justifican.
El planteo adquiere especial relevancia ante la situación denunciada por el Municipio de Río Grande, que sostiene que la deuda provincial ya supera los $17.000 millones, una cifra que compromete la previsibilidad financiera y el sostenimiento de los servicios municipales.
Los números que Araujo le exige al Gobierno provincial
El legislador solicitó un informe oficial, acompañado de documentación respaldatoria, que permita conocer cuánto dinero adeuda actualmente la Provincia a cada municipio y cuáles fueron las transferencias efectivamente realizadas durante 2026.
El pedido comprende el período del 1 de enero al 31 de octubre e incluye información sobre los fondos pendientes de remisión, los procedimientos administrativos utilizados y los criterios financieros y normativos que determinan las prioridades de pago.
También requiere que el Ejecutivo provincial explique si existen diferencias entre los mecanismos aplicados a Ushuaia y Río Grande, cuáles serían sus fundamentos y si dispone de un cronograma concreto para regularizar las obligaciones pendientes.
El punto central es establecer si ambos municipios reciben los recursos bajo criterios equivalentes o si existen diferencias que requieren una explicación pública.
Araujo aclaró que su presentación no presupone la existencia de discriminación contra Río Grande, sino que busca contar con información verificable para determinar qué está ocurriendo con la distribución de los fondos provinciales.
La deuda provincial y su impacto en Río Grande
El reclamo se produce en un contexto económico especialmente complejo para Río Grande, donde la caída de la actividad industrial, la pérdida de puestos de trabajo y la retracción del consumo afectan directamente a las familias, los comercios y las pequeñas y medianas empresas.
En ese escenario, la falta de previsibilidad en las transferencias provinciales suma dificultades a la administración municipal, que debe garantizar servicios y sostener sus obligaciones presupuestarias.
La discusión ya trascendió el ámbito del Ejecutivo local. Representantes del Municipio, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas mantuvieron un encuentro para analizar las consecuencias de la deuda y evaluar posibles acciones institucionales conjuntas.
La presentación de Araujo incorpora ahora un nuevo pedido de explicaciones al Gobierno provincial, esta vez desde el Congreso de la Nación.
Transparencia y reglas claras para los municipios
Más allá de las diferencias políticas entre las administraciones municipales y el Gobierno provincial, el planteo apunta a una cuestión fundamental: garantizar que la distribución de recursos públicos responda a criterios claros, verificables y ajustados a las obligaciones vigentes.
El diputado reclamó conocer no solamente las cifras adeudadas, sino también las medidas previstas para asegurar regularidad, previsibilidad y equidad en las transferencias.
La información solicitada permitirá contrastar los reclamos públicos con los registros oficiales y determinar si existen diferencias en los tiempos y modalidades de pago.
Con una deuda que Río Grande ubica por encima de los $17.000 millones, el Gobierno de Melella enfrenta ahora un pedido concreto para transparentar cuánto debe, cuánto paga y bajo qué criterios distribuye los recursos entre las ciudades.
La respuesta oficial será determinante para esclarecer una discusión que ya no se limita a las finanzas municipales, sino que involucra la transparencia, la autonomía de los gobiernos locales y el cumplimiento de las obligaciones provinciales.
