La Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo este domingo a las 2 de la madrugada un operativo sorpresivo para desalojar el acampe montado por militantes frente al departamento de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, ubicado sobre la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución.

Según informaron voceros policiales, el procedimiento se desarrolló sin enfrentamientos ni detenciones, y tuvo como objetivo liberar el espacio público ocupado con carpas, estructuras y banderas instaladas en la vía pública. “No se reprimió a nadie. Se limpió la zona y se fueron”, señalaron desde el entorno policial.

Pasadas las 3 de la mañana, la zona ya había sido despejada y la circulación vehicular fue completamente restablecida. El operativo fue planificado de forma sorpresiva con el fin de evitar posibles disturbios.

Un contexto político y judicial clave

El desalojo se produce en un contexto de fuerte atención mediática y política, luego de que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner solicitara al Tribunal Oral Federal 2 cumplir la pena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El pedido fue presentado por su abogado, Carlos Beraldi, quien fundamentó la solicitud en el intento de asesinato que sufrió la exvicepresidenta en septiembre de 2022 y en su condición de exjefa de Estado, argumentando que “el contexto de seguridad personal y su rol institucional impiden una detención en una unidad penitenciaria común”.

En el mismo escrito, la defensa pidió que no se le coloque tobillera electrónica y propuso como lugar de cumplimiento de la pena el domicilio de San José al 1100, donde reside junto a su hija Florencia Kirchner. La propiedad fue inspeccionada por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que determinó que el lugar “reúne las condiciones necesarias” para el cumplimiento del arresto.

La evolución de esta causa, así como las reacciones políticas ante el pedido de prisión domiciliaria, mantienen en tensión el escenario institucional en el que se inscribió también el desalojo del acampe.