El proyecto, llamado Ley de Políticas Soberanas, busca establecer un régimen específico para el resguardo de los recursos naturales del Atlántico Sur. Según sus fundamentos, la iniciativa parte de la premisa de que la explotación pesquera e hidrocarburífera en las islas contribuye al sostenimiento económico de la administración británica.
Entre sus principales medidas, el texto declara la nulidad de los actos administrativos, concesiones, permisos y licencias otorgados por el régimen británico.
También prohíbe desarrollar actividades comerciales, industriales, extractivas, financieras o turísticas sin autorización expresa del Gobierno argentino.
La iniciativa también establece el decomiso de buques, aeronaves, instalaciones, equipamiento y otros bienes utilizados en infracción. A su vez, crea un Registro Público de Infractores y dispone una inhabilitación de 20 años en Argentina para quienes operen en Malvinas con licencias británicas.
