Mientras Defensa había advertido sobre las capacidades militares y estratégicas del equipamiento y recomendado avanzar contra su instalación, la CONAE, desde una evaluación estrictamente técnica, ubicó al sistema en una función mucho más específica: la detección y seguimiento de objetos espaciales en órbita baja, hasta unos 2.000 kilómetros de altura.

La diferencia alcanza uno de los puntos centrales de la controversia: el radar no está diseñado para seguir misiles ni aeronaves.

Según la CONAE, tampoco puede mantener el seguimiento de un objeto capaz de modificar su trayectoria como lo haría un vehículo en vuelo atmosférico. Por eso, la capacidad de seguir un satélite en órbita no puede equipararse técnicamente con la posibilidad de rastrear un misil, una aeronave o un blanco terrestre.

También queda cuestionada la posibilidad de utilizar el sistema para vigilancia sobre objetivos terrestres o marítimos. La función descripta por la CONAE corresponde al seguimiento de objetos espaciales y no a un radar convencional de vigilancia.

Otro de los argumentos planteados por Defensa estuvo relacionado con una eventual utilización del equipamiento para inteligencia de señales.

En este punto, la CONAE fue prudente. El organismo señaló que determinadas características técnicas pueden ser verificadas mediante mediciones e inspecciones, pero aclaró que establecer si esas capacidades pueden ser utilizadas para inteligencia o si representan un riesgo para la seguridad nacional excede sus competencias.

La precisión es importante: la CONAE no confirmó la hipótesis de Defensa sobre inteligencia de señales, aunque tampoco realizó una evaluación de seguridad nacional que permita descartarla de manera definitiva.

El informe tampoco presenta al radar como un equipamiento sin relevancia estratégica.

La CONAE reconoce que el sistema puede detectar y seguir satélites militares. Esto ocurre porque el radar está diseñado para observar objetos orbitales y técnicamente no discrimina entre un satélite civil, uno militar o restos espaciales.

Además, los datos obtenidos en Tolhuin son enviados a centros de LeoLabs en Estados Unidos, donde son procesados y combinados con información de otras estaciones de la red.

La propia CONAE reconoce que esa información puede tener valor estratégico y hasta resultar de utilidad para organismos vinculados con la Defensa.

El informe de la CONAE no determina que el radar sea inocuo ni establece que no exista ningún riesgo para la seguridad nacional. De hecho, el organismo dejó expresamente esa evaluación fuera de su competencia.

Pero sí establece límites concretos a las capacidades técnicas atribuidas al sistema.

El contraste con el informe de Defensa resulta, entonces, significativo: varias de las funciones militares que habían sido utilizadas para cuestionar la instalación —seguimiento de misiles, aeronaves y otros blancos atmosféricos— no se corresponden con las capacidades que la CONAE atribuye técnicamente al radar.

Lo que queda abierto es otra discusión: qué implicancias tiene para la Argentina que una estación ubicada en Tierra del Fuego genere información sobre objetos espaciales, incluidos satélites militares, y que esos datos sean procesados por una empresa extranjera fuera del país.

Esa ya no es una cuestión técnica. Y la propia CONAE señala que su evaluación corresponde a las autoridades competentes en materia de Defensa e inteligencia.