La sala de comisiones de la Legislatura fueguina será testigo hoy, a partir de las 14:00 horas, de uno de los hitos más profundos en la búsqueda de la verdad sobre el enclave de Tolhuin. En el marco de su esquema de reuniones fijadas para cada jueves, la Comisión Especial Investigadora recibirá la comparecencia del Dr. Gustavo González, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 del Distrito Judicial Sur, de Tierra del Fuego.
La convocatoria al magistrado no es un acto administrativo más. El Dr. González fue el encargado de dictar el reciente fallo que declaró la nulidad absoluta de la inscripción societaria de LeoLabs Argentina S.R.L., desnudando las profundas desprolijidades de la Inspección General de Justicia (IGJ) provincial al registrar una firma compuesta por corporaciones radicadas en Londres y Dublín. Fue justamente en los fundamentos de ese expediente donde el juez lanzó una dura y metafórica reprimenda a los funcionarios de control, exhortándolos de manera tajante a comprender que el Estado no puede tratar de igual manera la instalación de un complejo de radares de órbita baja y capacidad dual militar que la apertura de una simple «fábrica de zapatos».
El comienzo del fin, del silencio mediático impuesto por el Gobierno
La presencia del magistrado en el seno del Parlamento fueguino expone, además, un fenómeno político, social y periodístico inocultable: el avance de una investigación de fondo, llevada adelante por una comisión absolutamente silenciada por los miles de millones de pesos que distribuye el gobierno de Gustavo Melella en pauta oficial, pese al quebranto financiero de la Provincia.
Mientras sectores del aparato mediático de Tierra del Fuego, prioriza el enriquecimiento personal ante que la verdad; el órgano legislativo da su primer paso en la búsqueda de identificar a los actores de la radicación del radar de funcionamiento dual, civil y militar montado dentro de la jurisdicción de Tolhuin, por una empresa filial de capitales británicos e irlandeses.
De tal manera, con las declaraciones del Dr. González que serán registradas bajo el sistema de actas taquigráficas y filmación, comenzará a resquebrajarse la censura tarifada que ha impuesto el gobierno de Melella.
El rompecabezas de las citaciones y el cerco sobre el poder
La comparecencia del juez González abre formalmente la ronda de declaraciones presenciales, complementándose con los extensos pliegos de interrogatorios presentados por el legislador Juan Carlos Pino (PJ) y el Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia. Documentos, que tienen por objeto desarmar el cerco de responsabilidades corporativas y políticas que el flujo de pauta provincial pretende tapar.
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