La Legislatura de Tierra del Fuego avanzó en la conformación de la comisión especial investigadora creada para analizar las actuaciones administrativas y las posibles responsabilidades políticas y técnicas vinculadas a la instalación del radar de la empresa Leolabs en cercanías de Tolhuin.
El cuerpo quedó integrado por ocho legisladores de distintos bloques políticos y contará además con la participación de representantes de los Centros de Veteranos de Malvinas de la provincia en calidad de asesores ad honorem.
La responsabilidad de integrar la comisión investigadora recayó sobre los legisladores Federico Sciurano (FORJA), Pablo Villegas (MPF), Juan Carlos Pino (PJ), Laura Colazo (PV), Matías Lapadula (PG), Gisela Dos Santos (ST), Natalia Gracianía (LLA) y Raúl Von der Thusen (SF).
A ellos se sumarán representantes de los Centros de Veteranos de Malvinas, quienes participarán “con voz y sin voto” en carácter de asesores ad honorem, dada la sensibilidad estratégica y geopolítica que generó la instalación del radar de capitales británicos en territorio fueguino.
La comisión fue creada el pasado 30 de abril y contará con un plazo inicial de 90 días hábiles, prorrogables, para llevar adelante la investigación sobre las actuaciones administrativas que permitieron el desembarco de la empresa en la provincia.
Entre sus atribuciones, el cuerpo legislativo tendrá amplias facultades para reunir pruebas y requerir documentación vinculada al caso. Podrá solicitar informes y expedientes al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía de Estado y a cualquier otro organismo público relacionado con el tema.
Además, la comisión podrá citar e interrogar a funcionarios y empleados públicos, convocar testigos, designar peritos especializados y disponer distintas medidas de investigación para avanzar en el esclarecimiento del proceso administrativo que derivó en la habilitación del radar.
Una vez finalizada su tarea, la Comisión Especial Investigadora elevará un informe definitivo a la Cámara Legislativa con las conclusiones alcanzadas sobre las posibles responsabilidades políticas y técnicas de los funcionarios que autorizaron, durante 2023, las operaciones de la empresa Leolabs en Tierra del Fuego.
