El juicio oral y público contra tres hombres acusados de presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales de ATE llegará a su fin este viernes, cuando el Tribunal dé a conocer el veredicto. 

La audiencia se retomará a las 9 de la mañana, luego del cuarto intermedio dispuesto por el Tribunal de Juicio en lo Criminal. Antes de la resolución final, los imputados tendrán la posibilidad de expresar sus últimas palabras. 

Durante los alegatos realizados este miércoles, el Fiscal Daniel Curtale expuso durante más de una hora sobre la participación que habrían tenido Carlos Córdoba y Miguel Arana en 22 hechos vinculados al programa de 128 viviendas del sector Barrancas del Río Pipo. 

Según sostuvo en alegatos, ambos imputados habrían perjudicado a distintas personas mediante supuestas maniobras defraudatorias relacionadas con la adjudicación de viviendas sociales. Por ese motivo, el fiscal solicitó para Córdoba y Arana una pena de 4 años de prisión por el delito de estafas. 

En relación con Eric Moscoso Panozo, acusado de presuntas maniobras de lavado de activos, Curtale pidió la absolución por el beneficio de la duda. 

Por su parte, la defensora de Carlos Córdoba, Marisel Banegas, solicitó la absolución de su cliente. Argumentó que no existió coautoría en las maniobras denunciadas, que no hubo pruebas suficientes y que tampoco se configuró el delito de administración fraudulenta. 

A su turno, el defensor oficial José María Fernández López, representante de Miguel Arana, sostuvo que la conducta de su defendido no constituye un delito penal y la calificó como una conducta “inmoral”. Además, negó que Arana haya engañado a los denunciantes o cometido administración fraudulenta. 

En forma subsidiaria, pidió que, en caso de condena, se aplique la pena mínima prevista por la ley. 

Finalmente, Rodrigo Guidi, abogado de Eric Moscoso Panozo, coincidió con el pedido de absolución realizado por la Fiscalía, aunque rechazó que fuera “por el beneficio de la duda”. 

Según explicó, no existen elementos que prueben la participación de su defendido ni un acuerdo con los otros imputados para incorporar bienes de origen ilícito. Por ello, solicitó la absolución por considerar que la conducta atribuida no constituye delito. 

El Tribunal dará a conocer el veredicto este viernes, luego de escuchar las últimas palabras de los acusados.