A través de una carta abierta dirigida al gobernador y a la Legislatura, los vecinos cuestionaron con dureza una reciente reunión oficial con solo tres representantes barriales, en la que se reconocieron “errores técnicos” en la implementación del esquema de subsidios. Sin embargo, lejos de anunciar soluciones inmediatas, el Ejecutivo propuso que sean los propios vecinos quienes realicen un relevamiento casa por casa para “ordenar la información”.

La propuesta encendió la indignación. “Pretenden que hagamos en tiempo récord el trabajo que el Gobierno no hizo en ocho meses”, advirtieron, al tiempo que calificaron la medida como “improvisada e irresponsable”.

El eje del conflicto gira en torno a la reducción de los kilos de GLP subsidiados. Según denuncian, los valores actuales 400 kg en invierno y 190 kg en verano resultan insuficientes para afrontar las condiciones climáticas extremas de la provincia. La situación se agrava porque los recortes se aplicaron sin un relevamiento previo por familia e ingresos, algo que ahora el propio Gobierno reconoce como necesario.

En paralelo, crece la tensión política por la posibilidad de que el gobernador vete la ley aprobada el 1° de mayo por la Legislatura, que restituye los niveles de subsidio a 450 kg en invierno y 240 kg en verano, y establece la obligatoriedad de un censo antes de cualquier segmentación.
“Sería inadmisible que se vete una ley impulsada por cientos de vecinos, mientras se intenta justificar la decisión con acuerdos parciales y sin plazos concretos”, señalaron.

El reclamo tiene un trasfondo social crítico: más de 6.000 hogares estarían afectados por las medidas. Según exponen, el costo del gas sin subsidio puede superar el millón de pesos mensual por vivienda, una cifra imposible de afrontar para gran parte de la población.

En contraste, quienes cuentan con red de gas natural pagan montos significativamente menores.
Los vecinos exigen una respuesta urgente: la derogación de los decretos vigentes, la restitución inmediata del subsidio y la puesta en marcha de un relevamiento serio, a cargo del Estado.
Mientras tanto, también pidieron a los legisladores que, en caso de veto, insistan con la aprobación definitiva de la ley para frenar lo que describen como “un ajuste que no contempla la realidad fueguina”.

La presentación formal del reclamo, acompañada por cientos de firmas, se realizará este lunes en Casa de Gobierno. El conflicto, lejos de apaciguarse, suma tensión política y presión social en uno de los temas más sensibles del invierno fueguino.