Es, en el fondo, una negativa a condenar el origen del modelo económico que todavía hoy asfixia al país. Al no votar, los senadores intentan echar tierra sobre una verdad histórica incómoda: el golpe de 1976 no fue solo de uniformes, fue el golpe del poder real.

​El «Poder Real»: Los dueños de la firma
​Aunque se lo denomine «cívico-militar», el proceso fue en realidad un asalto orquestado por las grandes corporaciones y grupos económicos concentrados. Los militares fueron la mano de obra barata para una transformación estructural que el pueblo jamás hubiera votado:
​La silla de Martínez de Hoz: No fue un accidente. El Ministerio de Economía fue entregado directamente a los representantes de la Sociedad Rural y de los grandes grupos financieros. ​La persecución gremial: El objetivo del terrorismo de Estado no fue solo político, fue económico. Se secuestró y desapareció a delegados de fábrica y trabajadores para barrer con los derechos laborales y bajar el costo salarial a sangre y fuego.

​El saqueo en números: La herencia maldita
​Para entender la gravedad de la abstención de Coto y Monte de Oca, hay que mirar las cifras del desastre que se niegan a repudiar:
​La Explosión de la Deuda: En 1976, la deuda externa argentina era de unos US$ 8.000 millones. Para 1983, tras la estatización de deudas privadas de grandes empresas (como el Grupo Macri, Techint y Pérez Companc), la cifra saltó a US$ 45.000 millones. Esa es la soga que hoy sigue apretando el cuello de los argentinos. ​Destrucción de la Industria: Se abrió la economía de forma indiscriminada, provocando el cierre de miles de pymes. El PBI industrial retrocedió décadas en apenas siete años. ​Transferencia de Riqueza: La participación de los trabajadores en el ingreso nacional cayó del 45% al 25%. Fue un robo masivo de los bolsillos del pueblo hacia las cuentas de las élites.

​Conclusión: Un silencio que grita
​Abstenerse frente a estos hechos es validar el método de la bota para imponer la billetera de unos pocos. La actitud de los senadores libertarios desprecia el sufrimiento de millones de argentinos que, medio siglo después, siguen pagando con pobreza el «experimento» de Martínez de Hoz y sus mandantes.

​La explosión de la deuda externa: De 7.000 a 45.000 millones de dólares.
​La estatización de la deuda privada (1982): El mecanismo por el cual el «poder real» (empresas como el Grupo Macri, Techint, Ford, entre otras) transfirió sus deudas al Estado.
​El impacto social: La caída del 40% del salario real y el hecho de que el 67% de los desaparecidos eran trabajadores y delegados sindicales.
​La desindustrialización: El cierre de más de 20.000 fábricas.