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Tierra del Fuego avanza en la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)

La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comenzó a analizar un proyecto de ley que propone la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido en el Título VII de la Ley Nacional N° 27.742. La iniciativa fue presentada por el bloque La Libertad Avanza y busca incorporar a la provincia al esquema nacional destinado a promover inversiones estratégicas de gran escala.

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El proyecto plantea que Tierra del Fuego adhiera formalmente al régimen, en los términos previstos por la normativa nacional y su reglamentación, manteniéndose vigente la posibilidad de adhesión en virtud de la prórroga dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 105/2026.

Según se detalla en los fundamentos, el RIGI tiene como objetivo generar un marco de estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria por un plazo de hasta 30 años para los proyectos que se encuadren dentro del régimen. Entre sus metas principales se encuentran la promoción del desarrollo económico, el incremento de las exportaciones, el fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos y la generación de empleo.

La iniciativa también sostiene que la adhesión permitiría dotar a la provincia de mayor previsibilidad y seguridad jurídica para atraer inversiones de largo plazo, especialmente en sectores estratégicos vinculados a los recursos naturales y a la ampliación de la matriz productiva.

En los argumentos del proyecto se señala que Tierra del Fuego reúne condiciones estratégicas para captar inversiones de gran magnitud y que el régimen podría representar una oportunidad para el desarrollo de pymes y productores locales, al fomentar encadenamientos productivos y mayor dinamismo económico.

El texto legislativo establece en su artículo primero la adhesión formal de la provincia al régimen nacional, mientras que el artículo segundo contempla la aplicación de la normativa reglamentaria dictada por el Poder Ejecutivo Nacional y la autoridad de aplicación correspondiente. El tercer artículo dispone la comunicación al Poder Ejecutivo provincial.

Cabe recordar que una iniciativa similar había ingresado anteriormente a la Legislatura, pero perdió estado parlamentario al no obtener dictamen dentro de los plazos reglamentarios. Con esta nueva presentación, el bloque impulsor renueva el pedido de tratamiento y solicita el acompañamiento de los demás legisladores.

El proyecto deberá ahora ser girado a comisión para su análisis y eventual dictamen antes de llegar al recinto para su debate.

Red23

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