El gobierno ya dio por perdida la batalla en el Congreso para que se apruebe el famoso Capítulo XI del Presupuesto y lo votará sin modificaciones el viernes en el Senado. Pero Javier Milei sigue empeñado en no aplicar las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, que ahora analiza anular por DNU.

Fuentes al tanto de la discusión interna en el gobierno revelaron que Milei está analizando sacar un decreto para anular las dos leyes. Esto sucedería una vez que el Congreso apruebe el Presupuesto y comience el receso legislativo.

Milei declaró el domingo que no va a vetar el Presupuesto y que reasignará partidas para cumplir con la meta del déficit cero. Pero en ningún momento dijo -ni le preguntaron- si aplicará las leyes que intentó derogar.

Un constitucionalista explicó que Milei sólo podría anular las dos normas mediante la sanción de una nueva ley que las derogue o mediante el dictado de un DNU. Pero en ambos casos sería inconstitucional: en el primer caso porque sería regresiva de los derechos garantizados y en el segundo porque el DNU no cumpliría los requisitos que establece la Constitución para su dictado.

Las dos leyes en cuestión fueron aprobadas y ratificadas por el Congreso tras el veto de Milei, pero el gobierno nunca las ejecutó. El problema para la Rosada es que si mantiene en esa situación se arriesga a una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Manuel Adorni. Ya su antecesor Guillermo Francos tenía un pedido de censura en el Congreso por este incumplimiento.

Un abogado experto en derecho administrativo explicó que el gobierno podría hacerlo mediante un DNU e incluso respaldarlo con los números que tiene en el Congreso, pero sería más una señal política ya que jurídicamente es muy difícil que lo pueda sostener. «Es factible que lo intente, pero difícil que lo sostenga en tribunales», detalló.

Esta fuente explicó que otra alternativa para el gobierno es ejecutar las partidas de la primera parte del año para que Adorni no tenga problemas judiciales y ganar tiempo para aprobar la derogación en el Congreso. Incluso podría reasignar partidas que corresponden a los gobernadores, lo que les metería presión para que lo ayuden a derogarlas.