Como todas las propuestas que salen del riñón libertario, en el cuerpo normativo, se habla en nombre de la “libertad” como pretexto para impulsar prácticas que convierten la educación en un mercado más. La privatización de la enseñanza y el traspaso del poder y las responsabilidades del Estado a las familias parecen ser los dos ejes de la iniciativa. Más allá de que los legisladores de La Libertad Avanza y compañía culminen por presentar este bosquejo o no, el marco de discusiones que el gobierno ensaya, luego de obtener un triunfo en las elecciones legislativas, anticipa un nuevo recorte de derechos para las mayorías. Y, una vez más, pasa la motosierra sobre un Estado cada vez más chiquito.

Titulado “Ley de libertad educativa”, el bosquejo propone que cada institución, ya sea pública o privada, defina su propio plan de estudio, su calendario, sus modalidades pedagógicas y su contratación docente. También introduce la posibilidad de educar desde el hogar (por los propios padres o alguien designado por ellos), la formación religiosa confesional en la educación pública y la implementación de modelos híbridos que combinen presencialidad y virtualidad. Al mismo tiempo, reduce la carga horaria que deben cumplir los alumnos en los diferentes niveles, establecida por el Consejo Federal de Educación.

Así es como, a tono con lo que el gobierno plantea en otras esferas, se trasladan las responsabilidades del Estado a los privados. Propuestas que invitarán a profundizar un desfinanciamiento ya consagrado, pues nada garantiza que, una vez derogada la Ley 26.206, se deba sostener como piso el compromiso del 6 por ciento de PBI para educación.

Filtros y rumores

La filtración del texto que resume la apuesta libertaria para el terreno educativo dejó al descubierto, precisamente, la magnitud del cambio que se cocina. El oficialismo no quería que se discutiese ni que estuviese en agenda antes de su llegada al Congreso, para evitar el debate público en torno a transformaciones que, anticipan, serán cuanto menos “sensibles” para la sociedad.

Sin embargo, el hermetismo duró poco. A mitad de semana, Carolina Losada, senadora e integrante del Consejo de Mayo, el espacio al que se le asignó la tarea de estudiar la modificación de la ley de educación vigente, lo explicitó: «Hay filtraciones que no hacen bien a lo que nosotros queremos hacer“. En un solo movimiento, desnudó la propia estrategia y confirmó que el borrador era un avance de reforma que debía tomarse en serio.

Lo que aún confunde más las cosas es que, a priori, la circulación del bosquejo podría haberse impulsado desde el propio terreno libertario. Un ala, en apariencia compuesta por funcionarios obedientes a referentes del empresariado nacional podría haber sido la responsable de que el documento de 34 páginas viera la luz. Especulaciones aparte, expertos y expertas del campo educativo se anticipan a la futura presentación del proyecto legislativo en el Congreso y brindan sus puntos de vista.

Guillermo Ruiz, investigador del Conicet y especialista en política educativa, resume: «Es un proyecto muy regresivo, contrario a la Constitución de Argentina, que no tiene asidero en nuestro marco normativo, y que responde básicamente a una lógica de más ajuste presupuestario». Roberto Abdala, director de la licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes, apunta: “Si bien no hay una declaración oficial que diga que este será el proyecto, sin embargo, solo leerlo alcanzó para provocar malestar y estupor, por algunas ideas que allí se incluyen y son preocupantes“.

El Estado chiquito, el mercado gigante

El oficialismo aplica el modelo de desregulación y libertad de mercado sin distinción a todos los espacios de la vida pública. Entre otras propuestas, el borrador prevé que las instituciones educativas compitan entre sí. Estimular la competencia hará prevalecer a las instituciones con más capital y, probablemente, hará desaparecer a las de menor porte, más allá de la función que desempeñen. En criollo, las que más dinero tengan convocarán a los mejores docentes y tendrán a los mejores alumnos. La supervivencia del más apto, potenciada a partir de la privatización y la destrucción de la educación pública. Capitalismo puro y duro.

Sobre ello, Ruiz opina: «Las escuelas se convierten en mercancías. Adquieren alta autonomía institucional, por lo cual podrían tener sus planes de estudio propios y su calendario académico; en el caso de las públicas podrían contratar directamente al personal docente. Los consejos de padres tendrán voz en la designación y remoción de los docentes y del personal directivo“. Y continúa: ”El proyecto elimina los derechos de los docentes en todos los niveles. Al ser considerada la prestación del servicio educativo como esencial, se cercena el derecho de huelga, reconocido por nuestra Constitución y las leyes de estatutos docentes vigentes».

El menosprecio del Estado se observa en que en todo el borrador ni siquiera figura una vez la palabra “pública”. Su rol rector, evidente en la Ley vigente, quedaría licuado a partir de la norma que el oficialismo cocina. “El proyecto no respeta la Constitución Nacional, que en el artículo 14 reconoce el derecho a la educación de toda la población y establece que el Estado tiene un rol principal e indelegable. El borrador, en cambio, habla de un rol subsidiario del Estado: solo se tiene que limitar a auxiliar a las familias y asegurar que la iniciativa privada funcione. Equipara a la educación pública con la privada, con lo cual el Estado se limitará a transferir fondos públicos al privado“.

Entre otros aspectos, el borrador también introduce modificaciones en la carga horaria. Mientras que el proyecto establece 540 horas reloj anuales para la educación inicial y 720 para la educación primaria y secundaria, en el presente, el Consejo Federal contempla un piso mínimo de 570 horas para el nivel inicial, 760 para primaria y 900 para secundaria. Es decir, la nueva medida representa una regresión de 30 horas menos para jardín, 40 horas menos para primaria y 180 horas menos para secundaria.

¿Las familias enseñan?

Si bien las familias constituyen el primer eslabón de socialización de los individuos, la escuela, al menos hasta ahora, parecía irremplazable. No obstante, el borrador legislativo también se apresura en discutir lo indiscutible. Habilita la enseñanza en el propio hogar, como si todos los padres estuvieran formados para enseñar.

Abdala comparte su punto de vista tras la lectura del texto: «Hay una mirada que ubica en un rol preponderante a las familias. Por un lado, existe una connotación a un supuesto financiamiento de la elección educativa que la familia haga con respecto a sus hijos. Por otro lado, los consejos de familia que podrían intervenir en la gestión de las escuelas. Por último, la iniciativa de la educación en el hogar. En el presente, no hay protocolo legal para homologar esto“. Podría ser un maestro o los propios padres los que estarían al frente de la educación de sus hijos. Un gris que deberá ser discutido en el recinto.

Sobre este punto, denominado en todo el mundo como Homeschooling, Ruiz aporta más información. «Se trata de un paradigma que se observa, por ejemplo, en los grupos conservadores, religiosos y blancos de Estados Unidos. Por caso, los valores que pregona la Asociación de Defensa de la Educación Legal en el Hogar de aquel país se han extendido a lo largo de décadas, sobre todo con los gobiernos republicanos. Han logrado, por ejemplo, que en muchos estados los padres ni siquiera informen la educación que imparten a sus hijos», dice el especialista.

La de la escuela en casa es una iniciativa que tiene muchas vertientes y réplicas en las más diversas geografías. Una de ellas se pregonó durante el mandato de Jair Bolsonaro en Brasil. Incluso, continúa Ruiz, se postulaba el castigo corporal como parte del método de enseñanza porque favorecía, según sostenían, el disciplinamiento de los menores. En Argentina, se estima que hacen Homeschooling el 2 por ciento de los niños y adolescentes.

Mucha reforma, poca guita

Las aspiraciones refundacionales que la administración libertaria tiene con respecto a Argentina están claras desde el primer minuto. No en vano el mandatario se autodenominó como “el topo que viene a destruir al Estado”. Debatir las políticas, como siempre, también es debatir presupuestos: la única manera en que se transparentan los modelos de país que los gobernantes tienen en mente.

Abdala comenta: “Los presupuestos educativos bajan año a año. En efecto, se impulsan formas de financiamiento que de ninguna manera robustecerán la educación pública. Las carreras de educación de las universidades nacionales de Argentina manifestamos el deseo de que se cumpla plenamente la Ley de educación nacional vigente, en vez de pensar una nueva“.

Después sigue con su razonamiento: «Muchos opinan que la educación en el país tiene un montón de deudas. Entonces, bienvenido la posibilidad del debate. El gobierno puede capitalizar políticamente el hecho de que el sistema educativo no arroja resultados positivos, ni para las familias, ni para los docentes, ni para las encuestas e investigaciones que se realizan sobre calidad educativa. Lo preocupante, claro está, será ver qué marco de discusiones instalará definitivamente el oficialismo en el Congreso. Si es este borrador o algún otro“.

A su turno, Ruiz remata: “No hay nada que justifique un cambio, una reforma. No hay un análisis de diagnóstico del sistema. Están las pruebas Aprender, que son el resultado de evaluaciones estandarizadas sobre el aprendizaje de los estudiantes, pero eso no es un análisis integral que contemple los recursos, al personal docente, el régimen laboral vigente, el desarrollo de los contenidos en cada provincia, no hay nada de este tipo”.