Las pruebas confirman la existencia de una ruta sistematizada por la cual los asesores legislativos debían transferir su adicional por desarraigo a Martín Agüero, asesor del diputado nacional Santiago Pauli en la Cámara de Diputados y reconocido referente evangélico.

En un audio clave, que complementa la denuncia inicial de Correa, se escucha al diputado Pauli no solo reclamar el pago, sino que instruye el cambio definitivo en la metodología. Luego de que Correa le enviara un comprobante, Pauli responde agradeciendo y dando una nueva orden: «A partir de ahora mandaselo directamente a Martín, que es el que se encarga de pagar los alquileres».

Pauli está directamente vinculado con Agüero, a quien le asigna un rol específico: el de administrador de los fondos del partido, destinados supuestamente a cubrir gastos logísticos como alquileres. El sistema involucraba a cinco asesores, cada uno de los cuales aportaba aproximadamente $500.000 mensuales de su desarraigo.

Esta cifra revela que la recaudación ilegal a través de este método ascendía a $2.500.000 (dos millones y medio de pesos) por mes. Este monto, sustraído de los salarios públicos de los asesores, era consolidado por Agüero para su destino final, justificado como pago de «alquileres» en los mensajes de Pauli.

Martín Agüero agrega un matiz controversial al caso. No solo se desempeña como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación, sino que es un conocido referente de la iglesia evangélica. Esta condición choca frontalmente con su presunto rol operativo como «cajero» de un sistema de financiamiento que, según la denuncia, se sustentaba en la extorsión a empleados públicos.

Los audios, capturas y comprobantes, revelan una ruta del dinero que salía de las arcas públicas provinciales, pasaba por las manos de los asesores y terminaba, vía transferencia a un «cajero» en el Congreso, financiando la estructura de Libertad Avanza en Tierra del Fuego.