La crisis en el sector textil de Tierra del Fuego sumó un nuevo golpe. Este martes, la empresa Sueño Fueguino notificó el despido de 35 operarios —30 temporarios y 5 fijos— debido a la imposibilidad de concretar exportaciones y a lo que su representante legal, el doctor Raúl Paderne, calificó como “una persecución directa desde el Gobierno nacional”.
“Desgraciadamente, este martes la empresa va a enviar aproximadamente 30 telegramas para trabajadores temporarios y entre 4 y 5 de trabajadores fijos, dado que ya llevamos prácticamente un mes sin poder exportar”, explicó Paderne en diálogo con FM Aire Libre.
El abogado apuntó directamente contra el subsecretario de Gestión Productiva de la Nación, Javier Cardini, a quien acusó de actuar “de forma intempestiva e ilegal”. “El ingeniero Cardini se ocupa personalmente de intimidar con vías de hecho a la Aduana para que no podamos exportar. Ejerce su función de una forma absolutamente ilegal, utilizando vías de hecho que hemos denunciado”, sostuvo.
Paderne recordó que Sueño Fueguino opera bajo una medida cautelar otorgada por la jueza Mariel Borruto, la cual fue revocada en segunda instancia pero aún no está firme. “Interpusimos un recurso extraordinario federal y mientras la Cámara le da trámite, la resolución no está firme. Sin embargo, este funcionario actúa como si lo estuviera”, explicó.
El representante legal amplió el panorama al señalar que otras fábricas, como Cordonsed, atraviesan una situación similar: “Estés en un lado o en otro, hayas adherido o no al decreto de José de Mendiguren, todas corren la misma suerte. La función de este funcionario es que cierren las textiles”, lamentó.
Paderne aclaró que los decretos que afectan al régimen industrial “provienen del gobierno anterior y hoy se ejecutan con igual arbitrariedad”. “No puedo ni siquiera identificarlo con un tema político, porque esta arbitrariedad apareció antes y continuó con este gobierno. Es un ataque frontal contra la Ley 19.640 y contra quienes trabajaron 30 o 40 años. Es gente sentada en Buenos Aires disponiendo de la vida de los trabajadores”, enfatizó.
El abogado aseguró que presentaron recursos judiciales contra la utilización de facultades delegadas caducas para modificar la ley del subrégimen industrial: “Ningún presidente, ni Cristina Fernández, ni Macri, ni Alberto Fernández, ni Milei tienen esas facultades. Vamos a llegar a tener razón, pero cuando ya no quede ninguna planta funcionando ni gente trabajando”, alertó.
Finalmente, advirtió que el impacto humano es devastador. “Para ellos, 170 puestos de trabajo son solo un número. Pero para nosotros son 170 familias, 40 años de sacrificio y de laburo. A esta gente no le importa nada”, cerró con evidente indignación.
