El gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha la venta de cuatro pilares de la infraestructura energética nacional: las gigantescas represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Cuatro centrales, construidas con esfuerzo estatal a lo largo de décadas, que representan cerca del 20% de la generación hidráulica del país.

La venta total de estas sociedades, acelerada con normativas que eliminan el precio base y dolarizan los contratos a 30 años, se interpreta como un claro gesto de alineamiento con el capital occidental y con el eje Washington-Trump, que exige el fin del estatismo argentino mientras la gestión republicana hace exactamente lo contrario.

Sin embargo, este movimiento de privatización nacional choca de frente con la gestión de otra inversión multimillonaria china en la Patagonia, exponiendo la contradicción geopolítica del Gobierno.

Soberanía en oferta y tensión Federal

Argentina, por su inmensa superficie (el octavo país más grande del mundo y el cuarto de América), necesita control y planificación sobre sus recursos estratégicos. Las represas del Comahue no son solo generadoras de electricidad limpia; son reguladoras de caudales de ríos vitales como el Limay y el Neuquén. De ellas dependen el abastecimiento de agua para consumo, el riego de miles de hectáreas agrícolas y la seguridad de las comunidades provinciales.

El proceso de venta se realiza ignorando el reclamo de las provincias de Neuquén y Río Negro, que exigían la participación o el control federal/provincial de un recurso natural emplazado en su territorio.

La liquidación de estos activos, utilizando la obsoleta Ley 23.696 del menemismo, entrega el control hídrico y energético a manos privadas. Expertos alertan que la dolarización de los contratos, sin precio mínimo, aumenta el riesgo sistémico y expone al Estado a litigios en tribunales extranjeros, hipotecando décadas de desarrollo futuro por una renta fiscal inmediata.

La Paradoja de Santa Cruz

El punto de mayor tensión es la postura del gobierno nacional respecto a la inversión china en las represas de Santa Cruz (La Barrancosa y Cóndor Cliff).

Mientras Milei prometió a Donald Trump «expulsar» a China de la infraestructura argentina, el gobierno santacruceño de Claudio Vidal avanzó con la reactivación de las obras. La clave, y la contradicción nacional, radica en que la luz verde fue dada por la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) —dependiente del Gobierno Nacional— al firmar la carta que habilita el financiamiento de los bancos chinos.

• Iniciativa Provincial: Santa Cruz, ante su necesidad de generar 2.600 empleos y desarrollar su matriz energética, prioriza el pragmatismo económico y el flujo de fondos chinos para reactivar la obra.
• Contradicción Nacional: La firma de Enarsa convierte a la reactivación en un acto de convalidación por parte del Estado argentino de una megainversión china ($4.700 millones de dólares). Este aval echa por tierra el discurso anti-Pekín del presidente y expone al Gobierno a un doble costo geopolítico: decepciona a su aliado estadounidense, al tiempo que profundiza la dependencia financiera de China a través del swap de divisas y las obras de infraestructura.

Esta esquizofrenia energética es doblemente dañina. Por un lado, se desinvierten estructuralmente activos construidos por la nación (las represas del Comahue) para complacer al capital privado y alinear la política exterior. Por el otro, la misma gestión avala tácitamente la deuda y el control chino en la Patagonia por la necesidad de evitar defaults y sostener las reservas.

La entrega de activos que costaron décadas de planificación, sin garantizar el control estatal sobre un recurso vital, no solo compromete el crecimiento de Argentina, sino que expone la fragilidad de un plan económico que sacrifica el patrimonio nacional por una inyección de divisas coyuntural, debilitando la soberanía energética de una nación con potencial de potencia.