En el marco del paro docente de 24 horas realizado el jueves 9 de octubre, el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) se reunió con autoridades del Ministerio de Educación para notificar formalmente el masivo rechazo a la última oferta salarial del Gobierno provincial. La respuesta fue clara: la docencia no acepta salarios que no cubren las necesidades básicas.
Durante la jornada de protesta, representantes del SUTEF se hicieron presentes en Casa de Gobierno para entregar un contundente mensaje: el 98,01% de los mandatos escolares rechazaron la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo, demostrando el profundo malestar que atraviesa el sector docente ante ofertas que no reflejan la crítica situación económica actual.
Desde el gremio remarcaron que los sueldos se encuentran “pulverizados” frente al constante aumento del costo de vida, y que la situación es insostenible. En este contexto, exigieron una recomposición real e inmediata, que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y garantice condiciones dignas para enseñar y vivir.
Además, SUTEF reiteró que el Gobierno aún mantiene una deuda salarial del 2% correspondiente al mes de julio, y exigió el cumplimiento inmediato del acta paritaria firmada el 4 de junio, ratificada nuevamente el 14 de agosto.
Otro de los reclamos centrales fue la devolución urgente de los descuentos aplicados a docentes por ejercer el derecho a huelga, derecho que está amparado por la Constitución Nacional y tratados internacionales. El sindicato denunció que estas quitas salariales tienen un claro objetivo disciplinador y representan un intento de “amedrentar y condenar a la docencia a la pobreza”.
“La responsabilidad es del Estado empleador, que incumple sus compromisos”, expresó SUTEF, y advirtió que continuará con medidas de fuerza si el Gobierno no convoca de forma urgente a una nueva paritaria salarial.
Finalmente, el gremio docente reafirmó su demanda por un salario acorde al Salario Mínimo, Vital y Móvil, tal como lo establece la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo. Un salario que garantice no solo la subsistencia, sino también una vida digna con acceso a salud, educación, vivienda, transporte y recreación.
