La Justicia de Tierra del Fuego dejó al descubierto un grave exceso judicial que generó indignación en Río Grande. La Sala Civil de la Cámara de Apelaciones declaró nula la orden de allanamiento y requisa dictada por el juez de Familia N.° 1, Fernando González, en el marco de un expediente iniciado por la ex pareja de un hombre que reclamaba una “compensación económica”.

En abril pasado, y por orden de González, una comisión policial irrumpió en el domicilio del denunciado, lo esposó, lo requisó e identificó a todos los ocupantes de la vivienda, incautando teléfonos y documentación, en un despliegue que rápidamente generó repudio por tratarse de una causa de carácter civil.

El fallo de los camaristas Capelloti, Satini y Gutiérrez fue contundente: calificaron la medida como “desproporcionada, carente de fundamentos y dictada sin respetar las garantías básicas del debido proceso”. En consecuencia, ordenaron la devolución inmediata de los bienes secuestrados.

La defensa del hombre, encabezada por la abogada Violeta Coronel, había denunciado el abuso e incluso recurrió al Consejo de la Magistratura, que calificó la conducta del juez como “grave”, aunque no la consideró delito. El caso fue remitido al Superior Tribunal de Justicia, que deberá evaluar posibles sanciones administrativas contra González.

Los jueces remarcaron que el accionar del magistrado excedió claramente los límites del fuero civil, cuando existían alternativas mucho menos invasivas para la producción de pruebas. Mientras tanto, la defensa insiste en que hubo trato parcial en favor de la denunciante y no descarta pedir el apartamiento del juez de la causa.