Sin embargo, a pesar de obtener dos resultados de test que fueron dudosos, los imputados Eduardo Javier Andrada, quien dirigía el Hospital de Huinca Renancó y estaba al frente del COE, y la trabajadora social Analía Elizabeth Morales, según la acusación, habrían incurrido en abuso de autoridad. Presuntamente, ordenaron su regreso, escoltado por personal policial. Esta acción, según la acusación, habría incumplido lo que mencionan los protocolos de ingreso vigentes durante la pandemia, los cuales indicaban que una persona con un caso sospechoso debía ser evaluada en un centro médico.

La imposibilidad de despedirse de su hija, conforme denunció el abogado Carlos Nayi, representante legal de los padres de Solange, significaría una violación al Protocolo 48 sobre circulación de personas en territorio cordobés. Dicho texto establece que individuos no residentes en la provincia pueden ingresar y transitar bajo circunstancias de “fuerza mayor”, tales como el fallecimiento de un consanguíneo directo o la necesidad de asistir a familiares y adultos mayores. Tras ser forzado a retornar a Neuquén, el padre se realizó un nuevo hisopado, cuyo resultado fue negativo. Con autorización del juez Bustos Fierro, finalmente pudo llegar a Alta Gracia para el funeral de Solange.

Posteriormente, Musse presentó una denuncia penal contra funcionarios del COE, el Ministerio de Salud de Córdoba y agentes de la policía provincial. Si bien inicialmente la acusación incluía al médico Sergio José Alí y al suboficial Darío Javier Mansilla, ambos fueron desvinculados del expediente. De esta manera, Andrada y Morales son los únicos imputados como coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Via País