El profesor en investigación criminal y especialista en ciberseguridad Aníbal Lazzaroni se refirió al caso que involucra al juez penal Andrés Leonelli investigado por presunta tenencia de imágenes vinculadas a pornografía infantil. Analizó los protocolos judiciales de resguardo, la posibilidad legal de almacenar evidencia en nubes personales, y remarcó el rol de los organismos internacionales que monitorean esta clase de delitos. 

En primer lugar, Lazzaroni explicó que «estamos hablando de evidencias dentro de una causa», y remarcó que el Poder Judicial cuenta con medidas de seguridad estrictas para el manejo de información digital.

En este punto, señaló que no es habitual que un juez almacene información sensible en servidores personales «no es común que una persona guarde información de una causa en una nube privada», explicó, y subrayó que estas evidencias ya habrían sido analizadas previamente en distintas etapas judiciales.

De forma posterior, advirtió que si se detecta movimiento en material sensible como pornografía infantil, eso «activa una alerta internacional», y explicó que en 2024 hubo 13 allanamientos simultáneos en el país, uno de ellos en Río Grande. También recordó que en 2018 se modificó el Código Penal para penar no solo el tráfico, sino también la posesión de pornografía infantil, lo cual permite ampliar el marco de actuación judicial. Según sus palabras, «esa modificación fue clave para abordar este tipo de delitos».

Ante este hecho, Lazzaroni puso énfasis en que los allanamientos se basan en pruebas sólidas y monitoreos externos, no en investigaciones internas. Detalló que los informes llegan al juez acompañados por material técnico «viene el informe, viene todo el procedimiento; no es un llamado telefónico», dijo. Y explicó que tras el allanamiento, se analizan los equipos, las rutas de acción y los datos provistos por entidades extranjeras.

El experto en ciberseguridad fue contundente «no sería lógico que una persona se lleve una causa a la casa para cuidarla», y apuntó que «Argentina tiene niveles altísimos de tráfico y posesión de pornografía infantil», sin políticas efectivas de prevención. 

Para concluir, afirmó que el sistema judicial es seguro, pero que los desvíos individuales deben ser abordados con rigurosidad «se presta a malas interpretaciones y hay que ser muy medido, pero claramente es una situación anómala», cerró.