A 39 años de la ocupación improductiva de un predio fiscal de 400 hectáreas, periodo en el que los habitantes de Tierra del Fuego y sus visitantes no pudieron aprovechar el lugar, el Superior Tribunal de Justicia dio instrucciones y emitió la manda de lanzamiento correspondiente para que el notificador oficial proceda a desalojar a quienes retienen indebidamente el predio, a fin de que la localidad de Tolhuin tome posesión.
La medida se basa en que, pese al tiempo transcurrido, se desoyó al Superior Tribunal de Justicia, cuyos integrantes emitieron una sentencia fechada el miércoles 16 de octubre de este año, en la que “se ordena el lanzamiento de la firma Transportes Roanmat S.R.L. y de cualquier otro ocupante dentro del plazo de 5 días” del amplio espacio natural donde se ubican los piletones de aguas termales azufradas, vedadas para su disfrute debido a la indebida apropiación por parte de particulares.
El STJ ya ha dado al notificador la manda de lanzamiento, destinado a que los ocupantes de las Termas del Río Valdez sean desalojados, permitiendo así que el Municipio de Tolhuin haga valer sus derechos. Se espera que la medida se ejecute esta misma semana, con el uso de la fuerza policial si fuera necesario.
A casi 40 años de la firma del contrato de concesión entre el Gobierno del Territorio Nacional de Tierra del Fuego y la empresa Roanmat S.R.L., para crear un punto turístico en la zona conocida como Termas del Río Valdez, ubicada cerca de la localidad de Tolhuin, la Justicia sorprendió en octubre de este año con una sentencia tajante: ese amplísimo espacio natural debía ser desalojado y restituido a la jurisdicción a la que legalmente pertenecen, el Municipio de Tolhuin.
Dicho lugar turístico no solo nunca aportó beneficios a las arcas del entonces Territorio Nacional ni luego de la provincia, sino que tampoco favoreció a los vecinos de las tres localidades que intentaban aprovechar las bondades de las aguas termales, pero que eran literalmente echados por los vigiladores allí apostados, quienes alegaban que sus empleadores tenían un derecho de propiedad que en realidad no existía.
Finalmente, tomaron cartas en el asunto los jueces del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Adrián Loffler y Edith Miriam Cristiano, con la excusación de María del Carmen Battaini, Javier Muchnik y Carlos Sagastume, para zanjar de una vez por todas el eterno proceso judicial que solo trajo perjuicios a residentes y visitantes, en contra del espíritu inicial de las autoridades territoriales.
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