En representación de la empresa Roanmat, a cargo de las termas del Río Valdez, el abogado Miguel Febré, informó que se presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que se tratan de “un bien privado” que descubrieron hace más de 20 años.
Además, apuntaron contra el juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ernesto Löffler, señalando que “mal puede hablar de derecho constitucional si ni siquiera puede determinar lo que son bienes privados y bienes públicos”.
“El Juez verá después cómo queda en el contexto nacional y en el contexto internacional por este proceso de apropiación de bienes de los particulares”, advirtió.
El abogado argumentó que las termas son propiedad de la empresa Roanmat junto con el predio en el que se encuentran ubicadas, poniendo en duda la seriedad del fallo del Superior Tribunal fueguino, al que acusó de contener “serias irregularidades e ilegalidades”.
Asimismo, el letrado planteó que “se ha mentido” sobre el rol de la empresa y el manejo de las termas, apuntando contra el Municipio de Tolhuin “porque sabían que la empresa había solicitado un proceso de usucapión hace más de un año, pero el Municipio niega el visado de los planos”.
“Un proceso de usucapión se da cuando se adquiere la propiedad de un inmueble, por haber permanecido en él con animus domini por más de 20 años. Cuando uno se presenta en un juicio de usucapión y pide el visado de los planos para poder iniciar el proceso, el Municipio tiene la obligación de firmarlos, independientemente de a quién pertenece el inmueble, porque eso lo determinará la justicia, no catastro”, explicó.
Sin embargo, denunció que “desde hace un año el Municipio de Tolhuin niega el visado a la empresa porque tiene que haber una sentencia previa de usucapión, lo cual es imposible, porque para iniciar un juicio de usucapión se necesita el plano visado. Esa es la primera irregularidad que se comete”, puntualizó.
“Se dice que la empresa no invirtió, cuando en realidad la empresa no pudo nunca llegar a explotar lo que correspondía, porque no se le aprobaba. Cuando Tierra del Fuego se transforma en provincia, le negaban la aprobación de los planos, después le decían que el agua estaba contaminada. Se imposibilitó que la empresa pudiera iniciar el proceso”, aseguró.
Y remarcó: “No es que no se invirtió, como dice el juez Löffler. La empresa hizo absolutamente todo, hizo el camino, construyó los puentes, hizo las piletas, descubrió el lugar. El Estado que no autorizó dice después que no hizo nada, pero la empresa hizo todo”.
“Lo que está haciendo el Estado es apropiarse de bienes de particulares. Ahora son las termas, antes fueron vecinos de Tolhuin que fueron desalojados sin ningún tipo de proceso, a pesar de que habían pagado los terrenos. Esa es la ilegalidad que se está cometiendo en Tierra del Fuego”, sostuvo en declaraciones a Radio Provincia.
