En el texto presentado a la Justicia se sostiene además que: «Al derogar la Ley de Tierras, que limitaba la compra de propiedades por personas y corporaciones extranjeras, el presidente Javier Milei puso una ilimitada bandera de remate para bosques nativos, glaciares, zonas con abundante agua subterránea y yacimientos de minerales valiosos».

La presentación judicial, de 76 páginas, fue hecha el pasado 5 de marzo por el Dr. Raúl Montenegro, quien es profesor titular en la Universidad Nacional de Córdoba y director del Campus Córdoba del Right Livelihood College, institución con sede en Bonn, Alemania, y que desde 1980 otorga los Premios Nóbel Alternativos. En 2004 Montenegro recibió este premio en el Parlamento Sueco.

Ahora, con el patrocinio del ex Juez Federal cordobés, Dr. Miguel Julio Rodriguez Villafañe, se presentaron todos los argumentos jurídicos que tornan al DNU como «de nulidad absoluta e insanable».

«La derogación de la Ley de Tierras implicó regresión en una norma sobre ambiente, algo prohibido por el Acuerdo de Escazú, y se hizo sin consultar a las comunidades indígenas como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Violaría además otras leyes vigentes», agregan Montenegro y Rodríguez Villafañe en la presenación, en la que además de Milei se incluye como denunciados penalmente a los ministros Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andrés Caputo, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Mariano Cúneo Libarona, Guillermo José Ferraro y Sandra Pettovello.

En la denuncia judicial también pide el Dr. Montenegro a la Justicia que «investigue cómo se elaboró el DNU que deroga la Ley de Tierras, en particular si participó o no Federico, y/u otros consultores, y si estos mantuvieron contactos previos con personas y empresas que pudieran beneficiarse con la derogación de esa ley».

Tras calificar como «salvaje e insensata» la política de destrucción de organismos del estado que controlan a las corporaciones y grandes sectores de interés, en la presentación señaló que las modificaciones propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus sobre las leyes de bosques, glaciares e incendios «complementan descaradamente la derogación de la Ley de Tierras. Le dan impunidad a las megamineras, a las industrias contaminantes y al agronegocio. No es posible que décadas de luchas sociales exitosas y un responsable trabajo parlamentario sean destruidas por una persona que muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento de la crítica situación socio-ambiental que enfrenta la Argentina».

Este es un servicio de El Manifiesto Argentino