La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, se refirió a la posibilidad de que, y tal fuera planteado públicamente por el presidente electo Javier Milei, el Gobierno Nacional deje de financiar y por ende se paralice la obra pública en desarrollo.

La funcionaria  dijo que si bien por el momento “estamos hablando de trascendidos, porque hasta que no suceda no podremos reclamar de forma jurídica,  vemos con preocupación” esa posibilidad. Dijo que tal circunstancia “la advertimos antes de las elecciones, pero respetamos al electorado; el ejercicio democrático y los resultados”.

Respecto a las obras en ejecución y su continuidad, destacó que “tienen que ver con una mirada del crecimiento de Tierra del Fuego y responden a las necesidades de las y los fueguinos” y dejó en claro que “el Estado asumió responsabilidades y compromisos, entonces cuando se firma un convenio, ese documento avala el financiamiento, por lo que no es tan simple deslindarse de los compromisos”.

Sostuvo que los dichos de Milei “siembran una alerta sobra las obras que tenemos en ejecución, con financiamiento nacional, así como proyectos presentados en los distintos organismos nacionales, ya sean sobre saneamiento; viales; o de infraestructura”, a la vez que consideró muy complejo plantear la realización de obras por iniciativa privada “porque se necesita que se presente un proyecto; que exista un terreno; alguien que invierta y que genere un acompañamiento económico para las y los beneficiarios, cuando el Estado está justamente para acompañar estas decisiones y acciones políticas” señaló.

Castillo defendió la inversión estatal en obra pública por el rol dinamizador y movilizador de la economía que tiene la actividad, y reiteró que “el Estado tiene continuidad jurídica; asume una responsabilidad y firma un convenio de financiamiento y la provincia arma contratos de obras. A todo el Estado le comprende la responsabilidad, en caso de no respetarse, claramente la provincia reclamará oportunamente”.