Los tres imputados, y a quienes se les investiga un grado de responsabilidad en el incendio forestal, son José Ruíz, Sebastián Ruíz (padre e hijo), y el encargado del complejo turístico, Duvarriel Concha. 

“Hay una etapa donde existe un grado de sospecha y por eso se llama a indagatoria, que es una etapa de defensa. En este caso, las personas no declararon. De acá en adelante tenemos pruebas para evaluar y estamos llegando al fin de la etapa investigativas”, dijo el magistrado. 

El juez explicó que “la estancia Carmen estuvo en un larguísimo litigio, luego el Gobierno llegó a un acuerdo con la familia Ruíz para darles un polígono del predio y el resto se convirtió en la reserva Corazón de la Isla. Esta gente tiene un pequeño emprendimiento turístico en el lugar”. 

“El foco del inicio del fuego está claramente determinado porque desde ahí avanza el fuego hacia la reserva, por un acceso que es el único posible y de ahí la sospecha, no vemos una acción dolosa sino por el delito culposo, la prueba indica que no fue intencional”, señaló Pellegrino. 

Por otro lado, señaló que “se habla de entre 10 y 11 mil hectáreas, aún no están determinados los daños porque continúa el siniestro, ya que lamentablemente este tipo de incendios forestales tienen focos recurrentes”. 

Respecto a un posible reclamo por parte del Gobierno provincial ante los daños ocasionados por esta tragedia ambiental, Pellegrino indicó que “la Provincia está representada judicialmente, salvo los organismos autónomos o autárquicos, por la Fiscalía de Estado, quien puede sugerir al Ejecutivo el inicio de actuaciones, refiriéndome al reclamo patrimonial”.