El Gobierno de Tierra del Fuego adjudicó por $20.880 millones la ampliación y prestación integral del sistema provincial de videovigilancia, una de las mayores inversiones recientes destinadas a infraestructura tecnológica y seguridad en las tres ciudades.

La contratación fue otorgada a la unión transitoria conformada por TV Fuego S.A. y Ushuaia Visión S.A., a través del Decreto Provincial 1322/26, y será financiada íntegramente con recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMPF).

El proyecto contempla la instalación de 640 nuevas cámaras distribuidas entre Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, además de una infraestructura compuesta por 1.660 canales de video y 371 nodos.

Entre el equipamiento previsto se encuentran 255 cámaras multisensor con sistemas PTZ, 41 dispositivos para reconocimiento automático de patentes mediante tecnología LPR/ANPR y otras 344 cámaras fijas equipadas con herramientas de analítica avanzada.

Uno de los principales componentes de la inversión será la incorporación de inteligencia artificial aplicada al monitoreo, con sistemas capaces de detectar y clasificar personas y vehículos, reconocer matrículas, generar alertas, realizar conteos vehiculares y peatonales y facilitar la búsqueda de imágenes para investigaciones.

El sistema tendrá una estructura integrada entre las tres ciudades. Río Grande funcionará como nodo central provincial, mientras que Ushuaia y Tolhuin contarán con centros locales conectados a la red.

La inversión también incluye una red propia de fibra óptica, infraestructura de almacenamiento y grabación y 36 meses de mantenimiento preventivo, prestaciones que forman parte del contrato adjudicado.

El plazo de ejecución establecido es de 180 días corridos desde la firma del contrato. La primera etapa estará destinada a la adquisición del equipamiento y la ingeniería de detalle, mientras que posteriormente se avanzará con la instalación, integración y puesta en funcionamiento.

Del total de $20.880 millones, el esquema financiero contempla un anticipo del 30%, equivalente a $6.264 millones. El resto será abonado de manera progresiva contra avances certificados y sujetos a controles técnicos y auditorías.

La adjudicación marca el inicio de una inversión de gran escala para modernizar el sistema provincial de videovigilancia, con tecnología orientada tanto a la prevención como al esclarecimiento de hechos delictivos.