En septiembre de 2024, la Policía brasileña arrestó en Sao Paulo a Marcelo Adelino de Moura, alias “China”, vinculado al Primeiro Comando da Capital, una de las bandas criminales más temidas del continente. Lo vinculaban a un plan más temible todavía, una maquinación para asesinar a Guilherme Derrite, secretario de Seguridad Pública, bolsonarista declarado, ex policía militar, un funcionario de altísimo perfil.

La cueva de Marcelino era literalmente un polvorín de heavy metal. Le encontraron cohetes balísticos, dinero, pasta base y dos ametralladoras. Entre ellas, una FN MAG calibre 7,62, una bestia que requiere un pie para ser disparada sin que el tirador vuele dos metros hacia atrás. La marca sobre esa ametralladora era inquietante. Decía “Armada Argentina”. Tenía grabado, también, el escudo del país.

Hoy, casi dos años después, en medio de la crisis diplomática entre ambos países, esa ametralladora es el objeto de una silenciosa polémica en la Justicia argentina, con un expediente en el Juzgado En Lo Penal Económico N°10. La UFI ARM, el área de la Procuración que investiga el tráfico de armas bajo la dirección del fiscal Gabriel González Da Silva, busca saber su origen y apunta a su presunto punto de salida, el Destacamento Naval de Río Grande.

La Armada respondió a la consulta judicial. Dice que la ametralladora sigue allí; jamás denunció un robo. ¿La hallada en Brasil es acaso un clon? Suena improbable. El fiscal Da Silva, sin embargo, busca chequearlo.

Da Silva misma requirió información a las autoridades brasileña al ver la noticia de la ametralladora, un modelo que fue empleado, por ejemplo, en la guerra de Malvinas. Un delegado adscripto a la Delegación de Robo a Bancos de la Policía Civil del Estado de São Paulo respondió que la ametralladora “tendría grabados el número de serie del fabricante “FN 35643”, y “el número “209”, asegura un documento judicial al que accedió Infobae.

Poco después, la Justicia porteña se declaró incompetente para investigar el caso: el arma habría venido del destacamento de Tierra del Fuego. El Juzgado en lo Penal Económico N°10, bajo otro juez, razonó que “la sustracción ilegal del arma de su esfera de custodia en tutela de la Armada Argentina, como así también su tráfico transfronterizo irregular, se habrían llevado a cabo desde Tierra del Fuego, con destino final a la República Federativa de Brasil”.

Sería un delito, en todo caso, para la Justicia federal fueguina. Así, comenzó un partido de tennis judicial. Tierra del Fuego, por su parte, rechazó la competencia.

Luego, la Armada respondió. “La Armada Argentina con asiento en aquella jurisdicción confirmó que la ametralladora modelo M.A.G., calibre 7,62 milímetros, que tendría grabado el número de serie de dicha fuerza 209, se encuentra actualmente en poder del Destacamento Naval Río Grande”, continúa un documento del expediente. Que sea la misma ametralladora “resulta materialmente imposible”.

El lunes último, la Sala B de la Cámara del fuero, a cargo del juez Roberto Hornos, saldó la polémica: la causa deberá quedar en manos del juzgado porteño.

El juez Hornos razonó que “al menos por el momento, no es posible afirmar que el arma hallada en la República Federativa del Brasil sea aquélla que oportunamente fuera asignada al Destacamento Naval Río Grande -identificada con el número 209 de la Armada Argentina- o si, por el contrario, aquella ametralladora pertenecería a otro destacamento de la Armada Argentina, o incluso a ninguno”.

Hay un margen de duda, y uno importante. Hornos recordó que la Justicia fueguina informó que el arma supuestamente hallada en Rio Grande “carece de número del fabricante y sólo posee el número de inventario ’209′, el cual no es identificatorio en términos registrales”. Esto, “configura un indicio relevante en orden a la posible sustracción del arma de la esfera de custodia de la Armada”.

La UFI ARM, por su parte, quiere despejar cualquier duda. El fiscal Da Silva requirió al Juzgado N°10 que una misión policial se presente en el Destacamento para chequear la pieza en cuestión, confirman altas fuentes con acceso al expediente. La situación no es una novedad para la UFI ARM. En el último año, recibió cuatro notificaciones de fusiles y ametralladoras de fuerzas argentinas hallados en Brasil y Chile, en manos de bandas delictivas o de traficantes de armas.