Mientras el Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) analiza convocar a una audiencia oral y pública pedida por Cristina Fernández de Kirchner y Andrés Larroque para fundamentar su planteo de nulidad de la causa del “Memorándum con Irán” y de sobreseimiento de todos los acusados, el fiscal Marcelo Colombo impulsó doce medidas de prueba que podrían hacer caer el juicio. Además de dictaminar a favor de que se haga la audiencia, Colombo dejó claro que quiere dilucidar si la reapertura del expediente con la participación cuestionada de los jueces de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, estuvo viciada y fue irregular. Para eso requirió información sobre los ingresos de ambos jueces de Casación a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada, si visitaron la jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia y el de Seguridad entre 2105 y 2016. También solicitó datos de otras causas: la del espionaje donde hay anotaciones del celular de Darío Nieto, secretario del expresidente, que recuerdan “hablar con Borinsky”; la de la “mesa judicial”, donde la camarista Ana María Figueroa describió presiones ligada al tema AMIA al comienzo del gobierno de Mauricio Macri; y la propia causa sobre el atentado, donde los casadores se habían excusado alguna vez. Quiere incluso que declaren ex directivos de la DAIA por posibles encuentros que habrían tenido con Borinsky.
El tenor de dictamen de Colombo rompe el molde de lo que ocurrió en los últimos años en este expediente, que nació con una denuncia de Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento en Puerto Madero, donde acusaba a CFK de encubrimiento de los iraníes sospechosos del ataque a la AMIA junto al fallecido canciller Héctor Timerman, entre otros. El primer juez fue Daniel Rafecas, que cerró el caso por inexistencia de delito: además de que el Memorándum –que buscaba que los imputados declararan aunque sea en un tercer país– había sido votado en el Congreso, resaltaba que las alertas rojas para capturar a los iraníes nunca perdieron vigencia porque ningún juez las había dado de baja, como también confirmaría Interpol. Pero el macrismo y sus aliados mediáticos y judiciales, además de la DAIA, lograron generar una causa melliza que quedó en manos del fallecido Claudio Bonadío. La cuestión pasó dos veces por las manos de Borinsky y de Hornos: en una ocasión, el 8 noviembre de 2016, respaldaron el expediente duplicado de Bonadío; en otra, el 29 de diciembre de ese mismo año, ordenaron la reapertura de la causa original, admitieron a la DAIA como querellante, y se la mandaron a ese juez, que hasta dictó prisiones preventivas.
El TOF8 (María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y José Michilini) debe decidir si admite una audiencia pedida por la vicepresidenta y por Larroque, que plantearon por escrito la nulidad de la causa, algo que también hicieron otros imputados, desde Oscar Parrilli y Carlos Zannini, hasta Juan Martín Mena. Todo parece indicar que la audiencia se hará. Una posibilidad es que sea este mes y si no quedaría ya para después de la feria judicial de invierno. El otro punto que deberá resolver los jueces son las medidas pedidas por el fiscal y cuándo se tramitarían.
Además de un sinfín de arbitrariedades de origen del a causa, todas las presentaciones de los funcionarios cuestionan la intervención de Borinsky y Hornos en resoluciones que fueron claves para dar continuidad al proceso y que fueron dictadas en tiempos en que visitaban con asiduidad la Casa de Gobierno y la Quinta presidencial, una costumbre que se conoció recientemente. Por eso los acusan de violar la garantía de imparcialidad, lo que llevaría a invalidar su actuación. También la de juez natural, ya que su participación en el expediente fue puesta en entredicho incluso antes de que fallaran. El fiscal Colombo es contundente y dice: “La entidad de los hechos investigados, su trascendencia, el impacto y consecuencia que las resoluciones impugnadas tuvieron en el destino de este proceso (determinaron su reapertura), sumado a la complejidad y gravedad de las hipótesis planteadas por los incidentistas, justifican la necesidad de incorporar la información que mediante este dictamen solicitaré”. A lo que requirieron los acusados, sumó algunas cosas más.
Colombo le da relevancia a la cuestión de los contactos de Borinsky y Hornos con Macri y otros exfuncionarios, que –dice– “permitirían sospechar una indebida intervención de ambos magistrados en aquellas resoluciones, que determinaron la reapertura de esta causa”. El fiscal también subraya que tanto CFK como Larroque destacaron que “de acuerdo a una decisión plenaria de la misma Cámara Federal de Casación Penal la Sala competente para resolver cualquier causa o incidencia vinculada con el atentado a la AMIA debía ser la sala Segunda, y no la que integraban Hornos y Borinsky. Pese a lo cual, ellos intervinieron”; también recordaron que Hornos en un expediente vinculado había dicho que no podía intervenir en causas vinculadas al atentado a la AMIA porque ya lo había hecho como fiscal; y Borinsky también se había excusado y por eso incluso no participó del expediente sobre la constitucionalidad del Memorándum.
En función de estos datos Colombo le pide a la Casa Militar y a la Jefatura de Gabinete, todos los registros de las visitas de Hornos y Borinsky a Macri y otros funcionarios en el período de las resoluciones más relevantes, con fechas y horas exactas, más las planillas correspondientes. A la secretaría de la Presidencia le requiere las respuestas entregadas a Poder Ciudadano cuando hizo un pedido de acceso a la información, sobre ingresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, que el gobierno de Macri respondió con datos parciales. Quiere revisar, además, el fallo de Casación que avaló la causa paralela de Bonadío tras un cuestionamiento de Timerman, el que rechazaba su pedido de apartamiento de Borinsky y Hornos (resuelto por ellos mismos), el que reabrió la causa inicial del Memorándum, los incidentes del expediente del caso AMIA donde se decidió que Sala de Casación intervenía y los que incluyen las viejas excusaciones de los camaristas.
El fiscal del juicio considera que debe analizar también la declaración de la jueza de Casación Ana Figueroa, que en la causa sobre la “mesa judicial” declaró por escrito que el exsubsecretario de Justicia, Juan Bautista Mahiques, la fue a ver a su despacho en Comodoro Py a los cinco días de la asunción presidencial de Macri para que apurara la firma de un fallo que dejara firme la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán. Dijo que en el momento no dimensionó lo sucedido pero que luego entendió que era la “primera víctima del lawfare” y de un proceso de condicionamientos a jueces/zas. Colombo pone también el foco en dos cuestiones adicionales sobre Borinsky: una es la anotación en la agenda del celular de Nieto que dice el 1 de noviembre de 2018: “Hablar con Borinsky. Tema denuncia, administrativa y penal”. Ese dato está en el expediente sobre espionaje que tramitó en Lomas de Zamora y ahora quedó a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. La otra cuestión se basa en una nota de El cohete a la luna que dice que el camarista había asesorado a las autoridades de la DAIA con sugerencias de cómo debían proceder para lograr que se reabriera la causa. Colombo pide citar a los miembros de la Comisión directiva entre 2015 y 2018.
Es la primera vez que un fiscal en este caso dispone medidas que podrían hacer tambalear el juicio y desentrañar lo que pudo ser un armado político-mediático-judicial.
